La PALT defiende ante el Supremo el derecho de los propietarios frente a la unidad de explotación

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste, ha defendido con firmeza que los complejos residenciales se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal "perteneciente al derecho común” y ha advertido que “el derecho autonómico no puede sobrepasar al derecho común”.

En una intervención centrada en el debate sobre la unidad de explotación, Doreste subrayó que los gastos de mantenimiento corresponden exclusivamente a las comunidades de propietarios. “Somos nosotros quienes mantenemos los edificios, las pinturas, las piscinas y los jardines. Además, todos los gastos inherentes al complejo son responsabilidad de la comunidad”, afirmó.

En esa línea, insistió en que los propietarios son “copropietarios de las zonas comunes” y que continuarán asumiendo esas obligaciones, aunque dejó claro que “lo que no podemos es asumir los negocios o los gastos de una empresa ajena”.

El núcleo de su discurso se centró en la llamada unidad de explotación, actualmente en debate judicial. Según sostuvo, esta figura “se está relacionando intencionadamente con la residencialización”, un término que calificó de “vocablo con connotación negativa” y el cual, a su juicio, “criminaliza a las personas residentes, a las personas canarias que hemos querido vivir en estas áreas donde se desarrolla el turismo”.

Por otro lado, Doreste recordó que la residencia en estas zonas “ha sido posible desde hace más de 50 años, antes de la Ley de Ordenación del Turismo e incluso antes de que Canarias fuera comunidad autónoma”, por lo que defendió la legitimidad histórica de ese uso.

Sobre el recorrido judicial del conflicto, aseguró que será el Tribunal Supremo quien marque el criterio definitivo. “No son tres, sino seis los recursos admitidos a trámite, y algunos aún pendientes”, precisó. Asimismo, subrayó que “cuando el Tribunal Supremo hable, todos tendremos que asumir lo que diga, porque lo hará en función de la Constitución y de las leyes nacionales y europeas”.

Asimismo, consideró que esta figura se ha utilizado “de forma torticera” para “quitar el derecho de propiedad y el derecho al uso al legítimo propietario”, muchos de los cuales compraron “libres de cargas y sin limitación de uso”. “Lo que han querido es sacar a la población canaria de sus casas para obligarnos a ceder nuestra vivienda a un explotador turístico o a un uso exclusivo turístico”, aseveró.