El Gobierno de Canarias ha vuelto a situar la compra de viviendas por parte de extranjeros en el centro del debate sobre la crisis habitacional que vive el archipiélago. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha reconocido que una parte relevante de las operaciones inmobiliarias no acaba en manos de residentes, lo que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda para los canarios.
Desde el Ejecutivo se asume que el problema va más allá de construir vivienda pública y afecta directamente a un mercado tensionado, con menos oferta disponible y precios al alza. Por ello, el Gobierno trabaja con ayuntamientos y cabildos para analizar posibles medidas de regulación que permitan proteger a la población residente, especialmente en el actual escenario de emergencia habitacional.
Clavijo ha insistido en que no habrá anuncios precipitados y que cualquier decisión se tomará con coordinación institucional y criterios técnicos, con un objetivo claro: garantizar que vivir en Canarias no sea incompatible con poder acceder a una vivienda.








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