La asociación Tierra Bonita denunció este jueves lo que define como un agujero negro en la gestión de la carretera LP-213 entre La Laguna y Las Norias, una obra ejecutada tras la erupción del volcán Tajogaite cuyo coste, según el colectivo, pasó de unos cuatro millones de euros a más de catorce sin explicaciones públicas por parte del Cabildo de La Palma.
El colectivo asegura que, más de cuatro años después de la erupción, la corporación insular mantiene la vía en un limbo legal al no firmar el acta de recepción, lo que impide el pago de las expropiaciones a los propietarios afectados, pese a que el justiprecio del suelo quedó fijado en octubre de 2024.
Tierra Bonita sostiene que no se han aclarado ni el trazado elegido ni el fuerte sobrecoste de la obra, ejecutada al amparo del decreto de emergencia volcánica. Según la información oficial a la que ha tenido acceso la asociación, los documentos de adjudicación inicial reflejaban un presupuesto cercano a los cuatro millones, mientras que el coste final supera los catorce, una cifra que no descartan que sea mayor.
La asociación cuestiona además la convocatoria de un proceso participativo para el diseño de cuatro rotondas en la vía, que considera una cortina de humo y una forma de prolongar la situación de emergencia para evitar la recepción formal de la carretera. A su juicio, algunas de estas rotondas no responden a necesidades de movilidad y podrían beneficiar a intereses privados al dar acceso a terrenos con actividades industriales y a suelos sobre coladas volcánicas.
El colectivo alerta de posibles irregularidades graves, entre ellas un uso prolongado de la figura de emergencia, indicios de presunto tráfico de influencias y una posible revalorización especulativa de terrenos financiada con fondos públicos.
Ante la falta de documentación completa de la obra, como el expediente final y el libro de órdenes, Tierra Bonita anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía. También exige la recepción inmediata de la carretera, que ya se encuentra en uso, el abono de las expropiaciones con intereses de demora y la paralización del expediente de embellecimiento de las rotondas, con la posibilidad de solicitar la supresión de algunas de ellas.









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