El Gobierno de Canarias ha reiterado la necesidad de que las regiones frontera participen en el diseño de la política migratoria europea y en los espacios de diálogo UE-África, al considerar que el Pacto de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para junio, puede incrementar la presión migratoria sobre el archipiélago si no incorpora medidas específicas.
Esta posición fue defendida en un foro celebrado en Roma por el Instituto Español de Análisis Migratorio, donde representantes del Ejecutivo autonómico expusieron el impacto que la gestión migratoria tiene en Canarias como frontera sur de Europa.
Desde el Gobierno regional se insiste en reforzar la solidaridad, adaptar la financiación a la realidad insular y garantizar una protección efectiva de los derechos de las personas migrantes, con especial atención a los menores no acompañados, cuya tutela supera las 4.100 personas en las islas.
El Ejecutivo plantea, además, la necesidad de establecer mecanismos ágiles de derivación hacia otros territorios, evitar estancias prolongadas en un espacio limitado y reconocer la Ruta Atlántica como un sistema migratorio específico que requiere estrategias propias.
En paralelo, Canarias defiende la cooperación con países africanos como herramienta clave para reducir la migración irregular. Programas como Tierra Firme, desarrollados en países emisores y de tránsito, apuestan por la formación y el empleo juvenil en sectores productivos, con resultados positivos en inserción laboral.
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