Santa Lucía del control al caos político

Lo ocurrido en Santa Lucía de Tirajana ya no puede leerse como una crisis puntual ni como un reajuste interno mal digerido. Es un desorden político de gran calado, provocado desde la Alcaldía y sostenido a base de silencios, contradicciones y movimientos difíciles de explicar a la ciudadanía.

Tras la expulsión fulminante de Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana, el mapa municipal queda completamente alterado. Nueva Canarias pasa a la oposición con tres concejales, sumándose a La Fortaleza, PP-AV, Vox y el concejal no adscrito. El dato clave es incontestable: la oposición tiene hoy más concejales que el propio gobierno municipal. A partir de aquí, gobernar deja de ser dirigir y pasa a ser resistir.

Conviene recordar cómo se llega a este punto. Nueva Canarias obtuvo nueve concejales en Santa Lucía. Seis de ellos, incluido el alcalde, abandonaron el partido para crear PRICA, una nueva formación nacida precisamente de tránsfugas de NC en distintos municipios de la isla. Los tres concejales que permanecieron fieles a Nueva Canarias son, paradójicamente, los que han sido expulsados del gobierno.

La incoherencia política es evidente y difícil de disimular.
Se expulsa a tres concejales por apoyar una moción de PP-AV contra el transfuguismo, mientras se gobierna gracias a un proyecto construido desde el transfuguismo. Se castiga una votación y se normaliza la ruptura. Se invocan principios cuando conviene y se relativizan cuando estorban.

En este contexto circula un rumor persistente que nadie se ha molestado en aclarar: que PRICA y PP-AV habrían negociado previamente este escenario, o ¿quizás haya sido NC con el PP-AV?, utilizando la moción como detonante para provocar los ceses y facilitar un apoyo externo que permita sostener al gobierno en minoría. No hay confirmación oficial, pero tampoco desmentidos. En política local, el silencio suele ser una forma de confirmación pasiva.

A todo ello se suma un episodio especialmente grave desde el punto de vista institucional. A los concejales expulsados se les cambiaron las cerraduras de sus despachos antes de ser notificados oficialmente. No pudieron acceder a sus pertenencias ni retirar documentación personal. Primero se cerraron las puertas y después se comunicó el cese. Una forma de proceder impropia de una administración democrática y más cercana al castigo que a la gestión.

La decisión, además, no fue consensuada con los socios de gobierno, que permanecen mudos. Un silencio que suena a espera, a disciplina externa, a instrucciones que no se dan desde Santa Lucía. El PSOE tampoco atraviesa un momento de cohesión interna: Julio Ojeda fue apartado como portavoz y como secretario general local, en un movimiento que muchos califican abiertamente como un golpe interno.

Lo más revelador es lo que no ha ocurrido. Los concejales expulsados no han hecho declaraciones públicas.
Los líderes de PRICA en otros municipios no han salido a respaldar la decisión del alcalde. No hay comunicados, ni defensa política sólida, ni un relato coherente que explique por qué se ha llevado al municipio a este punto.

Hoy, Francisco García no gobierna con fuerza ni con estabilidad. Gobierna condicionado, con una oposición numéricamente superior, con socios silenciosos y con una contradicción política que pesa más que cualquier discurso de responsabilidad institucional.

El ventilador gira con fuerza en Santa Lucía. No por el empuje de la oposición, sino por una decisión tomada desde dentro que ha dejado al gobierno sin control, sin relato y con las manos atadas.