Una nueva plataforma ciudadana se ha constituido en San Bartolomé de Tirajana para defender la gestión pública del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio y rechazar la decisión del Ayuntamiento de iniciar los trámites para su privatización.
El colectivo está integrado por partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales y vecinos a título individual, y critica el acuerdo plenario aprobado el pasado 22 de diciembre que abre la puerta a ceder el servicio a operadores privados tras casi tres décadas de gestión municipal.
Según la plataforma, la municipalización aprobada en 1997 permitió que los ingresos generados por el uso de hamacas y sombrillas en playas como Maspalomas, Playa del Inglés o Meloneras revirtieran en las arcas locales. A lo largo de este periodo, cifran en más de cien millones de euros los recursos obtenidos, destinados a distintas políticas municipales.
El manifiesto recuerda que, aunque el Tribunal Supremo anuló en 2004 la fórmula inicial de gestión directa, el Ayuntamiento mantuvo el servicio bajo control municipal y en 2021 aprobó una memoria para adaptarlo a la legalidad mediante una empresa pública. Sin embargo, la plataforma considera que el cambio de criterio aprobado a finales de 2025 supone “un paso atrás” y advierte de que el servicio podría generar más de seis millones de euros anuales que dejarían de tener un destino público.
Los firmantes también cuestionan la subida de precios aplicada en 2025, con incrementos en el coste de las hamacas y la incorporación de servicios de mayor precio, y consideran contradictorio que se plantee la privatización en un contexto de récord turístico.
El colectivo vincula esta decisión a un reparto desigual de la riqueza turística y señala problemas sociales como el aumento de la pobreza, las dificultades de acceso a la vivienda y la precariedad laboral en el sector. En este contexto, reclama que el servicio sea gestionado de forma íntegra por una empresa pública municipal, tal como recoge la sentencia del Supremo, con control total de los ingresos y estabilidad para la plantilla.
La plataforma ha iniciado su andadura para movilizar a la ciudadanía y exigir al Ayuntamiento que paralice el proceso de privatización y mantenga el control público de un servicio que considera estratégico para el municipio.
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