El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, presentó al Consejo Social de la Isla el proyecto de Presupuestos Generales para 2026, unas cuentas consolidadas de 223,3 millones de euros que sitúan el foco en la protección social, la recuperación y las inversiones estratégicas como ejes de estabilidad en un contexto de “incertidumbre financiera”.
Durante el encuentro, en el que participaron representantes de ámbitos económicos, sociales, sindicales y vecinales, Rodríguez explicó que la elaboración del presupuesto está condicionada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el retorno de las reglas fiscales y el incumplimiento del Estado con La Palma. Según detalló, el Gobierno central mantiene una deuda de 52,5 millones de euros destinada a la recuperación de infraestructuras, una cantidad que el Cabildo ha tenido que adelantar con recursos propios para evitar frenar la reconstrucción, lo que ha derivado en unas cuentas más ajustadas pero orientadas a la responsabilidad.
El presupuesto consolidado, que integra al Cabildo y a entidades dependientes como el Consejo Insular de Aguas, SODEPAL o el Consorcio Insular de Servicios, concentra más del 63% del gasto en dos grandes bloques. Por un lado, dedica más de 62,6 millones a Protección y Promoción Social (30,09%), con 36,5 millones para Dependencia, además del sostenimiento sociosanitario de centros como La Dehesa y el Hospital de Dolores, junto a políticas activas de empleo. Por otro, reserva 69 millones para actuaciones de Carácter Económico (33,18%), con prioridad para infraestructuras clave, carreteras y la gestión de recursos hidráulicos, manteniendo a la corporación como agente tractor de la economía insular.
Aunque la cifra total representa un 4,9% menos que en 2025, se explicó que esta variación responde a que los 24 millones destinados a vivienda el año anterior ya se encuentran comprometidos y en ejecución. En términos de funcionamiento ordinario, el presupuesto de 2026 se sitúa 12 millones por encima del del ejercicio previo.
Rodríguez defendió que la propuesta no responde a una política de recortes, sino a una planificación basada en la eficiencia, y recalcó que áreas como Cultura, Deportes y Educación mantienen un volumen cercano a los 26 millones de euros, con el objetivo de preservar el bienestar ciudadano y el capital social pese al marco fiscal más exigente.
El presidente cerró la sesión tras atender las preguntas del Consejo Social con la idea de que se trata de un presupuesto “equilibrado y prudente”, que garantiza los servicios esenciales y la sostenibilidad territorial, sin renunciar a impulsar la recuperación socioeconómica de los colectivos afectados por la erupción.









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