La concejalía aclara que el convenio de 283 viviendas públicas sigue adelante tras el informe de Patrimonio

El proyecto para la construcción de 283 viviendas públicas en San Bartolomé de Tirajana quedó bajo revisión tras un informe del Servicio de Patrimonio emitido en octubre de 2025, en el que se detectaron errores en el expediente del convenio firmado con la empresa pública Visocan.

El documento señalaba la ausencia del informe previo de la Intervención Municipal, un trámite obligatorio para autorizar el gasto, así como varios reparos que tuvieron que ser levantados por el Pleno municipal para aprobar el acuerdo.

El dictamen técnico planteó como primera opción la anulación del procedimiento y su nueva tramitación desde el inicio. También contempló la posibilidad de convalidar los actos administrativos, aunque supeditó esa vía a nuevos informes jurídicos y de Intervención y a los límites establecidos por la ley. El principal problema se localizó en el ámbito de la fiscalización, lo que añadió complejidad al proceso tras el pronunciamiento de Patrimonio.

Desde la Concejalía de Vivienda aclaran el alcance del informe y recuerdan que se trata de un documento técnico y no de una resolución administrativa definitiva. Fuentes municipales explican a Maspalomas Ahora que el texto “sirve como hoja de ruta para corregir defectos de forma y dotar al proyecto de total seguridad jurídica”, con el objetivo de garantizar la inversión prevista de 35 millones de euros en vivienda social.

Estas mismas fuentes informan que, tras la emisión del informe en octubre de 2025, el expediente pasó a manos de los Servicios Jurídicos municipales y que en la actualidad se encuentra en fase de subsanación de los posibles vicios detectados. El análisis se centra en dar respuesta a los reparos señalados y en mantener la planificación prevista para el desarrollo del parque de viviendas protegidas.

“El proyecto sigue adelante y no está en riesgo”, confirman fuentes de la Concejalía de Vivienda a este medio, que subrayan la voluntad política de ejecutar el acuerdo con todas las garantías legales y evitar cualquier paralización de las viviendas públicas previstas en el municipio.