Turcón exige transparencia sobre los residuos de piscifactorías que acabaron en vertederos de la isla

Turcón Ecologistas en Acción ha reclamado formalmente al Cabildo de Gran Canaria y a la Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que hagan públicos los datos exactos de los residuos generados por las piscifactorías de Aquanaria y Geremar, especialmente durante los episodios de contaminación registrados en la costa este de la isla en el segundo semestre de 2025.

Según ha trasladado la organización ecologista en sendos escritos, la petición se centra en los residuos SANDACH —subproductos animales no destinados al consumo humano— procedentes de las jaulas acuícolas situadas frente al litoral de Telde, cuya gestión y traslado a complejos medioambientales como Salto del Negro y Juan Grande no ha sido detallada públicamente.

Turcón solicita información desglosada y precisa sobre las toneladas de residuos depositadas por cada empresa, mes a mes, entre agosto y diciembre de 2025, un periodo marcado por varios episodios de contaminación orgánica que derivaron en el cierre prolongado de playas muy frecuentadas por la población local.

Durante cerca de dos meses, playas como Melenara, Salinetas o Clavellinas permanecieron cerradas al baño debido a la acumulación continuada de materia orgánica en descomposición, restos de piensos, excrementos y una película grasa en superficie, una situación que generó preocupación entre vecinos, usuarios habituales y sectores económicos vinculados al litoral.

La organización ecologista recuerda que estos episodios no son hechos aislados, sino fenómenos recurrentes que se repiten cada año durante los periodos de calma marítima, especialmente entre septiembre y octubre, cuando la escasa renovación de aguas favorece la concentración de residuos procedentes de las instalaciones acuícolas.

En su escrito, Turcón reclama al Cabildo que aplique los mismos criterios de transparencia que exige a otras administraciones y agentes privados, facilitando datos cuantitativos completos que, por competencias y responsabilidad institucional, ya obran en su poder y no han sido puestos a disposición de la ciudadanía afectada.

La solicitud se ampara en la Ley 27/2006, que regula el derecho de acceso a la información ambiental, así como en la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, con el objetivo de aclarar el impacto real de estas actividades sobre el litoral insular y reforzar la confianza pública en la gestión medioambiental.