Personas afectadas por la erupción volcánica de 2021 reclaman a las administraciones públicas un reparto equitativo de las ayudas económicas y de la inversión destinada a la reconstrucción, con el fin de evitar desigualdades entre los distintos colectivos damnificados.
La petición apunta tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias, ante la preocupación existente por las compensaciones aún pendientes de pago, algunas con financiación autonómica y otras vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado.
Los afectados consideran prioritario completar las indemnizaciones a todas las personas que perdieron propiedades hace cuatro años. Alertan de que los retrasos prolongan una situación de desigualdad entre quienes ya han cobrado y quienes continúan a la espera.
Entre los expedientes sin resolver figuran los correspondientes a segundas residencias y otros inmuebles. También constan casos de primeras viviendas pendientes de resolución. A ello se suma la falta de claridad sobre las compensaciones previstas para terrenos incluidos en espacios naturales protegidos dentro de la zona roja de la erupción. Tampoco existen plazos definidos para la reposición de servicios públicos básicos que permitan iniciar la reconstrucción.
El colectivo defiende que los fondos públicos deben destinarse de forma prioritaria a compensar el valor de lo perdido por todas las personas afectadas. Entienden que solo así las familias podrán reconstruir viviendas o reactivar inmuebles con usos económicos, con efectos directos sobre la recuperación del Valle de Aridane.
En el caso de las segundas residencias, recuerdan que muchas mantenían el vínculo de familias emigradas con su lugar de origen y aportaban actividad económica durante estancias periódicas.
El Gobierno de Canarias ha anunciado que, tras el pago de las indemnizaciones al sector agrario en enero, el siguiente tramo del plan de pagos incluirá las compensaciones por segundas viviendas, con 50 millones de euros consignados en los presupuestos autonómicos de este año.
Los afectados reclaman rapidez en la ejecución de este anuncio y citan como referencia la tramitación de las ayudas agrícolas, con más de mil expedientes resueltos y pagos ordenados en menos de un mes por un importe total de 100 millones de euros.
También denuncian la falta de información pública sobre el volumen total de fondos movilizados tras la catástrofe y su reparto. Aseguran que nunca ha existido una auditoría independiente, lo que alimenta dudas sobre la transparencia del proceso.
Cuatro años después de la erupción, todavía hay personas sin compensaciones completas o atrapadas en una incertidumbre administrativa que dificulta la reconstrucción de su vida personal y económica.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.1