El Gobierno de Canarias ha anunciado que agotará “todas las vías de diálogo” para frenar la tasa que Aena prevé imponer a las guaguas que acceden a los aeropuertos, una medida que tendría un impacto directo sobre el modelo turístico y de movilidad del sur de Gran Canaria. El Ejecutivo autonómico advierte además de que “irá elevando el tono” si no obtiene una respuesta favorable.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), rechazó la justificación de Aena de vincular este cobro a su plan comercial y respaldó la reivindicación del sector del transporte y del turismo. A su juicio, se trata de una tasa “con un fin exclusivamente recaudatorio” que choca frontalmente con las políticas de movilidad sostenible y con el uso del transporte colectivo, esencial en zonas turísticas como Maspalomas y Mogán.
Rodríguez recordó que el Gobierno de Canarias ya ha remitido cartas al Ministerio de Transportes, subrayando que el Estado mantiene el 51 % de Aena, para exigir que prime el interés general sobre el interés económico de la compañía. Además, reclamó la aplicación del artículo 161 del Estatuto de Autonomía para avanzar hacia una cogestión de los aeropuertos y criticó que la medida se pretenda imponer “como un hecho consumado”.
El consejero negó que exista un problema real de espacio en los aeropuertos y señaló que hay alternativas viables, como la habilitación de zonas exteriores de estacionamiento para guaguas, una solución que, según afirmó, podría implantarse en la mayoría de aeropuertos canarios, incluido el de Gran Canaria. También confirmó que el presidente Fernando Clavijo trasladará esta preocupación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios, su presidente Pedro Ortega alertó de que esta tasa supone “un nuevo coste para el sector turístico” y una “falta de sensibilidad” con una comunidad donde el transporte colectivo es clave para la llegada y movilidad de los turistas, especialmente en el sur de la isla.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, José Ángel Hernández, advirtió de que el sobrecoste podría rondar los 6.000 euros mensuales por empresa, un impacto que calificó como “un ataque frontal al sistema de movilidad en Canarias”, donde operan unas 150 empresas de transporte turístico y cerca de 4.700 guaguas.







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