El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado el primer paso para dejar atrás la municipalización del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio. El Pleno celebrado el pasado 22 de diciembre acordó iniciar el expediente para cesar este modelo de gestión, aprobado en 2021 pero que nunca llegó a implantarse de forma efectiva.
La propuesta parte de la concejalía de Litoral y plantea la creación de una comisión específica que deberá elaborar una memoria técnica y jurídica para determinar la fórmula de gestión más adecuada. El objetivo es poner negro sobre blanco las razones por las que la gestión directa no se materializó durante cuatro años y valorar si la desmunicipalización resulta la opción más viable para el servicio.
Según el expediente elevado al Pleno, la municipalización aprobada en diciembre de 2021 quedó bloqueada por límites legales y presupuestarios. Asumir directamente el servicio habría implicado incorporar alrededor de 40 trabajadores a la plantilla municipal y un incremento del gasto de personal superior al millón de euros anuales, una posibilidad descartada por la normativa estatal y por los informes de Intervención.
Durante ese periodo, el servicio continuó prestándose mediante gestión indirecta. El Ayuntamiento sostiene que este modelo permitió mantener la continuidad y el funcionamiento de un servicio considerado esencial para el litoral turístico del municipio.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, afirmó que “nuestra obligación es garantizar servicios que funcionen, no sostener modelos que sobre el papel pueden sonar bien pero que en la práctica no han sido viables. La gestión indirecta ha sido la única capaz de asegurar continuidad, calidad y estabilidad en un servicio esencial para nuestras playas”.
En la misma línea, la concejala de Litoral, Yilenia Vega, señaló que “desde el área hemos trabajado para actualizar precios, modernizar el servicio y adaptarlo a la realidad actual. Apostar por la desmunicipalización de las hamacas y sombrillas es mejorar las condiciones sin aumentar el gasto público”.
La comisión no permanente estará formada por ocho miembros, con representación política y técnica, y tendrá como misión evaluar de forma objetiva el modelo de gestión más adecuado para el interés general. El documento que elabore será clave para la decisión final, que volverá al Pleno municipal.







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