El Cabildo rechaza la tasa de AENA a las guaguas en los aeropuertos canarios

El Cabildo de Gran Canaria manifiesta su rechazo a la tasa que AENA prevé aplicar a las guaguas de transporte discrecional en los aeropuertos canarios, al entender que supone un nuevo agravio para el Archipiélago, penaliza al transporte colectivo y afecta a la competitividad turística y económica de las Islas.

La Corporación insular alerta de que el cobro por el tiempo de permanencia de los vehículos en los recintos aeroportuarios generará un sobrecoste elevado para las empresas del sector, que terminará repercutiendo en los paquetes turísticos y debilitando la posición de Canarias frente a otros destinos.

Además, considera que la medida entra en contradicción con los principios de la Ley de Movilidad Sostenible, al desincentivar el transporte colectivo y favorecer alternativas con menor ocupación.

AENA prevé implantar el sistema de forma progresiva a partir del 15 de enero, con barreras de acceso y pago en aeropuertos como Tenerife Sur y Lanzarote, para extenderlo después a Gran Canaria y Fuerteventura.

Aunque se contempla una hora gratuita, el Cabildo advierte de que ese margen resulta insuficiente por los retrasos habituales en la operativa aeroportuaria y por las limitaciones del tráfico, lo que obligará a abonar la tarifa completa, equiparable a la del aparcamiento general.

Desde el área de Presidencia y Movilidad Sostenible se reclama como alternativa la implantación de bolsas reguladoras, áreas de espera anexas a las terminales y de coste nulo o reducido, que permitan ordenar el acceso de las guaguas sin encarecer el servicio. Este sistema, ya operativo en otros destinos, evitaría el trato desigual hacia Canarias y reduciría el impacto económico sobre el sector.

Por último, el Cabildo también critica la falta de diálogo previo con el sector y el escaso margen de adaptación, al coincidir la entrada en vigor con la temporada alta, circunstancia que impide revisar contratos ya firmados y añade incertidumbre a unas empresas que, según la patronal, afrontan un impacto económico difícilmente asumible.