Vecinos de la zona cero del Tajogaite alzan la voz por la falta de información y por su derecho a indemnizaciones

Los residentes de El Paraíso y Corazoncillo, núcleos más afectados por el volcán Tajogaite, expresan indignación por la ausencia de datos sobre la futura delimitación del espacio natural protegido y sobre las compensaciones que esperan recibir. Alertan de que la zona sujeta a protección cautelar desde diciembre de 2023 ya se utiliza para rutas guiadas mientras ellos siguen sin respuestas.

El colectivo fija una convocatoria el domingo 14 de diciembre en la carretera de Tacande para visibilizar su malestar, coincidiendo con el cuarto aniversario del fin de la erupción. Piden apoyo a quienes compartan su reivindicación y remarcan que su situación no avanza al mismo ritmo que la de otros afectados que ya regresan o confían en volver a sus viviendas o fincas.

Los vecinos recuerdan que la emergencia los dejó expuestos en el inicio de la erupción, sin aviso ni evacuación oficial. Explican que salieron con lo imprescindible y que, en el caso de El Paraíso, no recuperaron objetos personales ni animales. Relatan daños psicológicos severos y apuntan que no pudieron contratar seguros adecuados.

El grupo señala a responsables públicos que gestionaron la emergencia y que hoy intervienen en la tramitación del espacio protegido. Mencionan al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y al director general de Espacios Naturales, Miguel Ángel Morcuende. Ambos ocupaban cargos clave durante la crisis.

Los propietarios califican su situación de trato injusto y contrastan su incertidumbre con la actividad turística ya instalada y con el anuncio de una futura sede del Centro Vulcanológico Nacional sin consulta previa. Afirman que solicitaron una reunión con los responsables autonómicos y recuerdan que, según el alcalde de El Paso, Eloy Martín, existía un compromiso de encuentro antes de marzo, algo que no llegó.

Exponen además que en diciembre de 2023 la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, reconoció que el decreto vigente no ofrecía una solución adecuada a los dueños de la zona roja y anunció una nueva regulación específica sin avances conocidos.

El colectivo reclama plazos claros y una hoja de ruta definida sobre indemnizaciones, usos futuros y posibilidad de recuperar lo perdido. Consideran esta información esencial y advierten de que no aceptarán el silencio administrativo. Aseguran que solo piden claridad y respeto para quienes perdieron hogares, tierras y estabilidad. Enfatizan que su protesta nace de una dignidad que no admitirá olvido.