Una hija denuncia el “calvario administrativo” que impide a su padre recuperar la ayuda por el volcán

Patricia Suárez mantiene una reclamación prolongada para que su padre, agricultor palmero afectado por el volcán, recupere la prestación por cese de actividad que la Seguridad Social le retiró cuando resembró la única finca que sobrevivió a la lava. Aunque esa replantación no generaba ingresos, la administración interpretó que había retomado la actividad, pese a que un juzgado, el Defensor del Pueblo y una comisión del Congreso han respaldado su derecho a mantener la ayuda hasta obtener una nueva cosecha.

La resolución judicial dictada en 2024 reconoce el derecho a percibir la prestación durante seis meses, con efectos retroactivos, hasta que exista producción. No obstante, la mutua recurrió el fallo y el caso continúa pendiente, lo que obliga a esta familia a iniciar nuevos procedimientos si no se modifica la normativa estatal. Esa reforma exige un cambio legal aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado por el Congreso. Patricia lamenta que el último real decreto ley, aprobado el 25 de noviembre con medidas para el sector agrario, “no corrigiera una injusticia que afecta a agricultores sin ingresos mientras reconstruyen sus fincas”.

El Ministerio admite la necesidad de una norma con rango de ley, aunque ha advertido dificultades para aprobarla en la actual aritmética parlamentaria. Para Patricia, esa explicación “suena a excusa”, y critica que la Comisión Mixta para la Reconstrucción “ni siquiera trasladó el caso al Ministerio”. El Defensor del Pueblo, que dio por finalizada su intervención temporalmente, aceptó la posición de que la ayuda puede restablecerse incluso con carácter retroactivo, aunque quedó a la espera de una solución legislativa.

La familia denuncia además retrasos en indemnizaciones por pérdida de renta desde 2023 y cuestiona que las últimas medidas fiscales y moratorias crediticias “no beneficien a quienes carecen de ingresos reales”. Patricia sostiene que se ha ignorado la situación de los pequeños agricultores, pese a su relevancia económica, y recuerda que “recuperar fincas sepultadas es un proceso lento y muy costoso”.

A pesar del desgaste emocional y económico, continúan insistiendo en una salida que consideran justa y necesaria. Su determinación se refleja en sus palabras: “Nos lo han puesto muy difícil, hemos sufrido económicamente mucho, pero no vamos a desfallecer hasta que nos escuchen y aprueben la modificación legislativa que reclamamos”.