La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, confirmó este miércoles que ha sufrido ataques contra su domicilio y su vehículo, además de amenazas de muerte difundidas en redes sociales mediante vídeos manipulados con inteligencia artificial, hechos que relaciona con la reciente aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
De León explicó que ha presentado dos denuncias por amenazas veladas y por agresiones en su vivienda particular, aunque evitó hacerlo público hasta ahora porque no quiere situarse en el centro del conflicto, ya que considera que estos comportamientos no representan a la ciudadanía en su conjunto y prefiere mantener un debate político centrado en la norma y no en los ataques personales.
El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, confirmó que la consejera intentó mantener el caso en privado y que fue él quien decidió denunciarlo públicamente, después de que el último mensaje difundido en redes sociales instara a que “quemen viva a la consejera”, lo que obligó a reforzar la vigilancia policial y a activar los protocolos ante amenazas de esta gravedad.
Domínguez aseguró que no se trata de un caso aislado, porque otros cargos del Ejecutivo autonómico también han recibido amenazas, incluido el presidente Fernando Clavijo, y atribuyó esta escalada a la tensión generada por el proceso de ordenación del alquiler vacacional, un sector que mueve una parte decisiva de la economía canaria y que ahora afronta una regulación profunda.
La nueva ley salió adelante el pasado 12 de noviembre en el Parlamento de Canarias con el rechazo de la oposición, que vetó las enmiendas planteadas in voce por los grupos del cuatripartito, un trámite que evidenció la dureza del debate político y la dificultad de construir consensos sobre un modelo que afecta tanto a residentes como a grandes operadores.
La consejera admitió entonces que se trata de una norma compleja, difícil de explicar y de tramitar, y agradeció a los partidos que apoyaron el texto por situar el interés general por encima del tacticismo partidista, recordando que en Canarias más del 55% de las plazas de vivienda vacacional están en manos de grandes operadores o propietarios extranjeros, frente al 44% gestionado por particulares.
La ley establece que no podrán autorizarse nuevas viviendas vacacionales durante cinco años, hasta que cada ayuntamiento apruebe un planeamiento que determine dónde pueden implantarse, cuántas se permiten y en qué condiciones, con el objetivo de proteger el uso residencial y garantizar la convivencia en los barrios afectados por la presión turística.
Además, fija que el 90% del parque de viviendas deberá destinarse a uso residencial y que solo el 10% podrá situarse en el ámbito vacacional, e impide que las Viviendas de Protección Oficial se incorporen al mercado turístico, junto a la prohibición de los llamados pseudohoteles, edificios completos de explotación vacacional pertenecientes a un único gran tenedor.
La normativa añade otra limitación relevante al impedir que las nuevas promociones puedan destinarse al turismo hasta que transcurran diez años desde su construcción, para evitar que la oferta residencial desaparezca inmediatamente en los municipios con mayor tensión urbanística y presión de precios.
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