España, Marruecos y Canarias

La pasada semana, Atalayar, un medio cercano al gobierno de Marruecos, insistió en calentar el ambiente previo a la reunión de alto nivel (RAN) de España y Marruecos, a celebrar los días 4 y 5 de esta semana, adelantando algunos de los objetivos estratégicos que manejan los negociadores alauitas. Ignacio Cembrero, periodista y escritor experto en el Magreb, lo ha desnudado todo en los últimos días. Según la narrativa oficial marroquí, ambos países componen hoy un tándem estable basado en una cooperación política al más alto nivel, intercambios comerciales récord —en torno a los 22.700 millones de euros anuales—, cooperación en inversiones, infraestructuras, energía, transporte y tecnología y, además, colaboración en seguridad, migración y lucha contra el terrorismo, áreas en las que Marruecos es considerado un socio clave. No cabe la menor duda de que Marruecos se ha consolidado como el primer socio comercial de España fuera de la UE y en el principal cliente y proveedor español en África. Para las empresas españolas, es un mercado cercano, competitivo y atractivo en costes; para Marruecos, España es puerta de entrada privilegiada a la UE.

Para Atalayar se trata de una relación pragmática en la que todos ganan: España asegura estabilidad fronteriza, comercio previsible y oportunidades para sus empresas y Marruecos obtiene inversiones, reconocimiento implícito a su creciente peso regional y apoyo en sus grandes proyectos económicos. Esta narrativa, sin embargo, deja fuera el principal punto de fricción: el impacto asimétrico de estos acuerdos en un territorio como Canarias, a la que se pretende utilizar como moneda de cambio. Aunque el marco “win-win” —donde todas las partes involucradas buscan y logran un beneficio mutuo— es válido a nivel macroeconómico, en Canarias el panorama es diferente. El archipiélago, por su proximidad a Marruecos y su posición estratégica en el Atlántico, es el territorio español que más puede verse afectado y sacrificado por los pactos bilaterales en aspectos de crucial relevancia.

La delimitación marítima es un conflicto que se recrudece cada vez que se intenta avanzar en negociaciones de este tipo. Marruecos reclama una y otra vez, unilateralmente, zonas marítimas que se solapan con áreas próximas a Canarias, lo que afecta a zonas de pesca históricas, recursos submarinos estratégicos (telurio, cobalto y tierras raras) y al control del Atlántico. Una histórica reivindicación marroquí que, en caso de salir adelante, nos llevaría a un profundo daño económico, ecológico y estratégico.

Marruecos argumenta que su extensa costa continental merece un trato “equitativo” frente a las “limitadas” costas de Canarias. Esta retórica, sin embargo, es profundamente engañosa. Se produce una desnaturalización del Estatuto de Canarias porque el archipiélago no es un peñón deshabitado. Es una comunidad autónoma española con más de 2,2 millones de ciudadanía europea, cuya economía y subsistencia dependen directamente del mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no distingue entre “costa continental” y “costa insular” a la hora de generar derechos marítimos. Pretender lo contrario es un intento de crear una categoría de segunda clase para los territorios insulares. La equidistancia sí es equidad: la línea media no es un “automatismo” ciego, sino el punto de partida más objetivo y ampliamente aceptado para una delimitación justa. Corregirla sistemáticamente a favor de la parte con la costa más larga no es equidad, es la ley del más fuerte disfrazada de derecho.

Y se apunta una posible “equivalencia” peligrosa. Marruecos ofrecería a España “reconocer la soberanía española sobre Canarias” si España reconoce la marroquí sobre el Sáhara Occidental. Como apuntan distintos análisis diplomáticos, se trata de un movimiento altamente inquietante. Canarias es territorio español reconocido internacionalmente —sin discusión jurídica— y por lo tanto introducirla en una negociación implica ponerla al mismo nivel que un territorio en disputa, lo que genera un precedente político muy peligroso. La soberanía del archipiélago no debería ser moneda de intercambio. Es inaceptable y no podemos permitirlo.

La propuesta de una Zona de Desarrollo Conjunto (ZDC) alrededor del Monte Tropic suena bien en teoría, pero en la práctica es una trampa para Canarias. Establecer una ZDC en un área que, por geología y proximidad, debería corresponder a la plataforma continental extendida de Canarias, supone legitimar la pretensión marroquí sobre ese espacio. Es ceder antes de negociar. En cualquier empresa conjunta, Marruecos, como estado continental con fuertes apoyos políticos, tendría una posición de fuerza abrumadora frente a los intereses canarios. La historia demuestra que en estos esquemas, la parte más débil suele salir perdiendo.

El intento marroquí de extender su plataforma continental hasta 350 millas al norte de Canarias es el movimiento más agresivo. Es un ataque en la línea de flotación a nuestro futuro. De prosperar, convertiría a nuestras islas en una prisión marítima —rodeada por aguas marroquíes por el este y el sur— y con un acceso al Atlántico profundamente restringido. Estrangula nuestra ZEE potencial —limitando nuestro acceso a recursos pesqueros, minerales y genéticos futuros—, compromete nuestra seguridad y capacidad de vigilancia marítima y amenaza proyectos vitales como la conectividad submarina por cable con África Occidental.

Sorprendentemente, la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara es presentada como una mera cuestión técnica. No lo es. Es una cuestión de soberanía y seguridad para España y para Canarias. El Centro de Control de Gran Canaria es una infraestructura crítica que garantiza la seguridad de una de las rutas aéreas más transitadas del mundo. Ceder su gestión a Marruecos, aunque sea “de forma progresiva”, debilita la posición estratégica de España y de la OTAN en el flanco sur, introduce un riesgo geopolítico innecesario en una infraestructura vital e ignora que la eficacia técnica del servicio actual está más que demostrada.

La grandilocuente “Visión Atlántica” marroquí no incluye a Canarias como socio, sino como un obstáculo a sortear o un botín que incorporar. Para Rabat, el acuerdo con España no es un fin en sí mismo, sino un paso para avanzar en su objetivo estratégico último: debilitar los vínculos de Canarias con España y Europa y aumentar su influencia sobre el archipiélago.

Todo esto nos sitúa ante una grave asimetría territorial dentro de España. Mientras que la península puede beneficiarse del comercio y la inversión, Canarias queda en la periferia económica, en una preocupante primera línea geopolítica y con menor capacidad para influir en la política exterior española. Las decisiones bilaterales tomadas en Madrid repercuten de forma directa en Canarias, a la que se margina y se le impide participar activamente en la negociación. Una vez más se sitúa a esta tierra en la incertidumbre, ante la pasividad del Gobierno de Canarias. El discurso del “acuerdo win-win” entre España y Marruecos está fundamentado en datos económicos y diplomáticos reales: comercio récord, cooperación reforzada y estabilidad política, pero oculta una asimetría evidente: lo que beneficia al conjunto del Estado no necesariamente beneficia —y puede perjudicar— a territorios como Canarias, cuya posición geográfica la convierte en frontera, plataforma y punto crítico.

Canarias no puede ser un actor secundario en este proceso: es el territorio español más afectado por la delimitación marítima, los recursos estratégicos y la geopolítica atlántica. La clave del futuro será si España integra al archipiélago en la toma de decisiones y protege de forma inequívoca sus intereses —o si, por el contrario, permite que el “win-win” se convierta en un “win para unos, riesgo para otros”. La cooperación con Marruecos debe ser absolutamente respetuosa con Canarias y con una total seguridad jurídica. España debe defender con firmeza la mediana marítima impidiendo que Marruecos amplíe unilateralmente su ZEE. No puede ceder en el establecimiento de mecanismos bilaterales de control y de protección de recursos. Y debe garantizar que Canarias se beneficie del incremento del comercio y de inversiones energéticas y tecnológicas y que el archipiélago se afiance como hub logístico entre Europa, África y América. Que se produzca un win-win real también para Canarias.

Pero además, la dimensión saharaui añade otra capa de complejidad que no puede ser obviada de ninguna de las maneras, a pesar de las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Si el Sáhara Occidental sigue siendo reconocido internacionalmente como territorio distinto y pendiente de descolonización, las delimitaciones marítimas deben manejarse con extremo cuidado, pues cualquier redefinición por parte de Marruecos —o en alianza con España— vulneraría derechos reconocidos. Los recursos marítimos y submarinos en disputa en el Atlántico —alrededor de Canarias, Sáhara y aguas marroquíes— se convierten no sólo en un interés económico, sino en una cuestión jurídica internacional. Por tanto, la defensa de los intereses de Canarias no puede desentenderse de la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Es necesario exigir, por tanto, legalidad, respeto al derecho internacional y coherencia entre diplomacia, comercio y justicia.

El Sáhara Occidental no es una variable negociable al margen de la ley. Es una cuestión de derechos, soberanía y justicia internacional. Y esto debe contemplar el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, la exigencia de su consentimiento para cualquier acuerdo que le afecte y la exclusión clara del Sáhara Occidental de tratados que vinculen a la UE con Marruecos. Si no, lo que se proclama como “cooperación estratégica” puede terminar siendo una construcción frágil —rentable para unos, ilegal para otros— y moralmente insostenible. Y en ese equilibrio entre geopolítica, economía y derecho internacional, está en juego no solo el futuro del Sáhara, sino la credibilidad de la UE, de España, de Marruecos. Y de todos los que reclamamos justicia.