Gran Canaria cuestiona la misión comercial al puerto de Dajla

El proyecto portuario de Dajla, concebido como un macroenclave logístico de 1.300 millones de euros orientado a atraer tráfico internacional y operar con condiciones fiscales, laborales y ambientales más permisivas que las europeas, ha reactivado la preocupación institucional en Gran Canaria.

Su diseño, orientado a competir con los puertos canarios (en especial con La Luz y de Las Palmas), se suma al avance de otras iniciativas marroquíes que en los últimos años han tensionado sectores estratégicos del Archipiélago, desde la pesca hasta la captación de inversiones.

El contexto jurídico agrava el malestar. El Sáhara Occidental continúa reconocido como Territorio No Autónomo y las resoluciones de la ONU y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea insisten en que cualquier actividad económica requiere el consentimiento del pueblo saharaui.

Diversas organizaciones internacionales describen estas operaciones como un “campo minado legal” para instituciones y empresas, advertencia que incide en el riesgo de comprometer la posición geopolítica de Canarias en un entorno cada vez más sensible.

En este marco, la misión comercial impulsada por PROEXCA y FEDEPORT hacia Dajla ha despertado una contestación firme en la Isla, por considerarse un movimiento que, lejos de reforzar los intereses económicos del Archipiélago, podría favorecer infraestructuras llamadas a competir frontalmente con el sistema portuario regional.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sostiene que promover este enclave “no puede interpretarse como diplomacia económica, sino como un error estratégico que Canarias no puede permitirse”.

Además, añade que resulta injustificable que una entidad pública “anime a nuestras empresas a posicionarse en un puerto diseñado para competir directamente con La Luz y de Las Palmas”, e insiste en que “lo que está en juego es mucho más que una misión comercial: es la coherencia de la acción exterior, la responsabilidad institucional y la defensa de los intereses económicos y geopolíticos de las islas”.