La intensificación de la estrategia diplomática de Marruecos en el Sáhara, unida a los movimientos de Bruselas para redefinir los acuerdos agrícolas y pesqueros, sitúa a Canarias en una posición de vigilancia obligada. Municipios del sur y oeste de Gran Canaria —Mogán, La Aldea de San Nicolás y Santa Lucía de Tirajana— donde deben seguir con atención un proceso que podría alterar precios, cadenas de abastecimiento y equilibrio marítimo en sectores que dependen directa o indirectamente del Atlántico.
La Comisión Europea informó en octubre de un acuerdo técnico para mantener las ventajas arancelarias a productos procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental, según detalló la Representación de la CE en España. Esta revisión llega tras la anulación del pacto pesquero por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que la organización FishSec subrayó en su análisis jurídico al recordar que el tribunal cuestionó la inclusión del territorio saharaui sin consentimiento.
A pesar de ello, medios sectoriales como Undercurrent News han confirmado que Bruselas ha reactivado conversaciones para un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, lo que abre un escenario cambiante en las aguas atlánticas próximas a Canarias. Cualquier modificación en este marco puede afectar a la pesca artesanal insular, que opera con controles más estrictos y costes superiores a los de la flota marroquí.
En municipios como Mogán, donde la pesca artesanal y el turismo marítimo constituyen un núcleo económico, el riesgo está en la entrada de pescado y productos agrícolas marroquíes a precios más competitivos, algo que podría presionar la restauración local y reducir el margen de la lonja insular. Su dependencia del corredor marítimo Canarias–África hace que cualquier tensión geopolítica o variación en la normativa pesquera pueda influir en la actividad de puertos deportivos, excursiones marítimas y oferta recreativ
En el extremo oeste de la isla, La Aldea de San Nicolás es uno de los municipios que más estrechamente dependen del sector agrícola. La ampliación de la capacidad exportadora marroquí —respaldada por programas como “Generation Green”— y su acceso preferencial a mercados europeos colocan a productores canarios en un escenario de competencia desigual. La entrada de tomate, pepino o calabacín procedente del sur marroquí puede impactar en los precios de origen y en la capacidad de los agricultores aldeanos para sostener sus campañas en un mercado ya tensionado por los costes del agua, el transporte y la energía.
En el caso de Santa Lucía de Tirajana, el análisis se amplía al comercio y a la distribución alimentaria, dos sectores relevantes del municipio. La variación de precios en productos importados desde Marruecos y el Sáhara puede modificar la estructura de costes de supermercados, mayoristas y restauración local. Además, su posición como puerta comercial del sudeste de Gran Canaria hace que cualquier cambio en los flujos marítimos y logísticos tenga un impacto directo en el consumo, en el abastecimiento interno y en la presión sobre productores locales.
En conjunto, el Archipiélago se enfrenta a un tablero cambiante donde se combinan criterios comerciales, estrategias geopolíticas y sentencias judiciales. Mientras Bruselas y Rabat avanzan hacia un nuevo marco, Canarias necesita reforzar su vigilancia institucional y exigir un papel más activo en los debates que afectan a su sector primario, a su economía marítima y a la estabilidad de los municipios que viven del mar y del campo.
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