Durante la dictadura franquista los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán funcionaban con alcaldes nombrados desde arriba y corporaciones sin partidos ni control ciudadano, un modelo que dejaba las decisiones importantes en manos del régimen y de los grandes propietarios de suelo en un momento en que el turismo empezaba a asomar tímidamente en el sur de la isla.
En San Bartolomé de Tirajana ese poder concentrado se unía al peso histórico de la propiedad privada del suelo y a un desarrollo turístico que avanzaba sin debate público, de modo que las obras, inversiones o planes urbanísticos se decidían en despachos alejados de los barrios de Tunte, Maspalomas o las medianías, donde los vecinos vivían al margen de las decisiones que marcaban su futuro.
Mogán mantenía entonces un perfil agrícola y pesquero con una economía centrada en los valles interiores y en el puerto, con servicios públicos escasos y una infraestructura limitada que dependía por completo de un ayuntamiento sin participación democrática, lo que frenaba cualquier reclamación vecinal y dejaba sin voz a quienes pedían mejoras básicas para su vida diaria.
La muerte de Franco en 1975 abrió un proceso que culminó en abril de 1979 con las primeras elecciones municipales democráticas, el momento real en el que los vecinos del sur de Gran Canaria eligieron por primera vez a sus alcaldes y concejales, devolviendo el control de las decisiones locales a quienes vivían en el territorio y no a los designios del régimen o de los intereses externos que marcaban el rumbo del desarrollo turístico.
En San Bartolomé de Tirajana aquellas elecciones supusieron un vuelco histórico con la victoria de una agrupación vecinal que llegó a la alcaldía con el apoyo mayoritario del municipio, un cambio profundo que situó por primera vez en el gobierno local a una fuerza nacida dentro del propio territorio para afrontar retos como la expansión turística, la vivienda, las infraestructuras y los servicios que exigía una población en crecimiento.
En Mogán la victoria recayó en una mayoría centrista que encabezó la primera corporación democrática y tuvo que gestionar la transformación acelerada de un municipio agrícola hacia un destino turístico emergente, ahora con plenos abiertos, oposición legalizada y vecinos participando en debates que antes estaban completamente cerrados al escrutinio público.
Desde entonces ambos municipios se han convertido en motores turísticos del archipiélago y en escenarios de pluralismo político, alternancias, pactos y fiscalización ciudadana, un contraste rotundo con el modelo franquista que operó hasta 1975 y una muestra de cómo la democracia transformó la forma de decidir sobre el suelo, la economía y la vida cotidiana en el sur de Gran Canaria.







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