Onalia Bueno insta a los propietarios VV a ignorar las indicaciones de la consejera de Turismo

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha instado hoy a los propietarios de viviendas vacacionales (VV) de Canarias a ignorar las últimas recomendaciones difundidas por la consejera de Turismo del Gobierno autonómico, Jessica de León, advirtiendo que seguir sus indicaciones podría provocar la pérdida irreversible de sus títulos habilitantes. De León   solicita ahora dar de baja a las viviendas vacacionales y volver a tramitar el alta en los cabildos antes de presentar en los ayuntamientos la comunicación previa de actividades clasificadas que exige la nueva Ley, hecho que llevaría a perder la consolidación mínima de un año.

Bueno considera “gravemente irresponsable e imprudente” el comunicado oficial emitido en la tarde de ayer por la Consejería, en el que, según explica, se vierten afirmaciones inexactas y se induce a los titulares de VV a actuaciones que podrían perjudicarles de forma directa. “Lo que tendría que hace primero es resolver el problema que ha creado y, como ella misma ha planteado, modificar la recién aprobada Ley para poder informar a la ciudadanía en base a normas claras y comprensibles”, señala bueno, que afirma “la consejera está malinformando de forma premeditada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias”.

La alcaldesa califica de  “inaudito” y “ridículo” que la Ley aún no haya sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias, y que la Consejera ya reconozca la necesidad de reformarla, lo que evidencia la falta de consenso y el deficiente proceso de elaboración. Recuerda que los ayuntamientos llevan meses alertando sobre los problemas relativos a las actividades clasificadas y que, pese a ello, se les desoyó. 

Bueno también rechaza que Jessica de León responsabilice a otros grupos parlamentarios de no aceptar enmiendas in voce en la misma sesión plenaria en la que estaba prevista la aprobación de la Ley, cuando el texto final es obra de la propia Consejería de Turismo tras más de dos años y medio de tramitación. Denuncia también que la titular de Turismo “no haya advertido hasta el último día que, conforme a su propia interpretación, la ley implicaría dar de baja prácticamente la totalidad de las VV en Canarias”.

Asimismo, advierte de la incorrecta interpretación legal difundida por la consejera en relación con la consulta o comunicación previa de actividades clasificadas. Explica que la normativa anterior, el Decreto 113/2015, contemplaba la comunicación previa como trámite facultativo y no esencial. La nueva Ley, aprobada el pasado día 12, sí que considera obligatoria la comunicación previa. 

La alcaldesa considera inadmisible que se atribuya a terceros un supuesto mal asesoramiento, cuando la propia Consejería está recomendando una actuación que podría abocar a los propietarios a perder sus derechos, al instarles a darse de baja antes de la publicación de la Ley, sin tiempo material para que los cabildos tramiten dichas bajas.

En relación a la afirmación de la Consejera de que “cualquier posibilidad de regularización pasaría por la renuncia a la declaración responsable anterior y la presentación de una nueva”, Bueno la califica de “jurídicamente falsa” y denuncia que su único efecto sería empujar a los propietarios “al abismo”, impidiéndoles acogerse a la consolidación prevista en la nueva Ley, pues la nueva presentación no tendría el año de antigüedad exigido. 

En este sentido, cabe hacer hincapié que lo que se pretende desde la Consejería de Turismo es que los actuales propietarios de VV soliciten la baja ante sus respectivos cabildos, cuando esta se materialice, presenten una nueva solicitud de alta ante los Ejecutivos Insulares y que, cuando estos las concedan, los propietarios presenten ante sus ayuntamientos la comunicación previa de actividades clasificadas.  

En este sentido, lamenta que miles de ciudadanos hayan acudido a sus ayuntamientos a presentar la comunicación previa de actividades clasificadas tal como se les indicó, mientras ahora la Consejera sostiene que lo correcto era darse de baja, cuando ya no existe tiempo material para hacerlo tras la aprobación de la nueva ley. 

Del mismo modo critica que la Jessica de León afirme que “son muchas las VV que han cumplido con las actividades clasificadas”, sin poder acreditar cuántas han realizado realmente el trámite. “Hace una afirmación sin datos, porque no existe registro actualizado alguno, lo que demuestra que ha impulsado una norma sin saber siquiera a cuántos ciudadanos va a afectar”.