Mogán alerta de un bloqueo institucional por la nueva Ley de Vivienda Vacacional

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha alertado de que la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas amenaza la continuidad de miles de viviendas vacacionales y coloca a los ayuntamientos ante un colapso administrativo sin precedentes.

“Si esta Ley se aplica tal y como está redactada, muchas familias perderán un recurso económico esencial”, afirmó, insistiendo en que la norma obliga a los municipios a asumir controles y evaluaciones que “ni el Gobierno de Canarias ni los cabildos ejecutaron durante diez años pese a tener la competencia”.

Bueno explicó, junto al director de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, que la Ley impone tratar las viviendas vacacionales como actividades clasificadas, una categoría que no encaja con su naturaleza y que carece de un marco jurídico claro.

“No se puede exigir a los ayuntamientos que apliquen una figura que nunca ha tenido una definición precisa y que jamás se aplicó por falta de claridad normativa”, señaló. Del mismo modo, informes municipales respaldan que estas viviendas no generan riesgos comparables a los establecimientos turísticos tradicionales, por lo que, según la alcaldesa, “lo lógico es considerarlas actividades inocuas, igual que un arrendamiento de temporada”.

Asimismo, Bueno alerto que, la obligatoriedad de activar planes masivos de comprobación, inspección y control en apenas ocho meses, unida a la falta de criterios unificados, provocará interpretaciones dispares entre cabildos y ayuntamientos. “Una vivienda aprobada en un municipio puede ser rechazada en el de al lado con las mismas características; eso es una arbitrariedad que no podemos permitir”, aseveró.

Además, recordó que muchos propietarios tendrán que afrontar inversiones elevadas para cumplir requisitos complejos, someterse a inspecciones y adaptar sus viviendas a estándares exigentes. “Se está pidiendo a autónomos y familias lo que ni siquiera se exige a algunos establecimientos turísticos”, criticó.

Por todo ello, y para evitar este escenario, propone incluir una Disposición Transitoria que otorgue seis meses al Gobierno canario para aprobar un decreto que defina con precisión los requisitos de las actividades clasificadas y que, mientras tanto, se suspenda la aplicación de esta figura a las viviendas vacacionales previas a la Ley.

“Nos están convirtiendo en ejecutores de una normativa que nace con fallos evidentes”, lamentó, asegurando que el beneficiado será “el gran sector hotelero, que verá cómo desaparece su principal competencia”.