La orden judicial que pospone el desalojo de una familia con seis menores en Ingenio abre un margen decisivo para localizar una vivienda adecuada para sus ocho miembros.
La abogada del núcleo familiar, Isabel Saavedra, solicitó la suspensión al activarse la alerta por la borrasca Claudia en el archipiélago, un argumento que el juzgado consideró razonable por motivos de seguridad y humanidad.
La letrada destacó que resultaba contradictorio impedir que los niños asistieran a clase y, simultáneamente, expulsarlos de su hogar sin una alternativa inmediata.
Asimismo, apuntó que existía una posible solución habitacional, aunque no estaba disponible para ocuparla en esa fecha, y recordó que, de no haberse autorizado el aplazamiento, habría tenido que negociar directamente con el fondo propietario para solicitar más tiempo, sin garantías de obtenerlo.
El Ayuntamiento colabora con ICAVI y VISOCAN para identificar un inmueble que permita alojar a ocho personas, aunque la escasez de viviendas con esas características dificulta el proceso.
La alcaldesa, Vanesa Martín, y el concejal de Vivienda, Lucrecio Suárez, se desplazaron al domicilio, donde también estaban presentes la plataforma Derecho al Techo y diversos medios de comunicación. La regidora insistió en que el acceso a una vivienda digna continúa siendo una prioridad social y reclamó reformas estructurales que aseguren que ninguna familia quede desamparada.
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