La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha calificado de “inaceptable” que el Gobierno estatal no haya cumplido el plazo fijado para aprobar el decreto ley que financiará la reconstrucción de las fincas agrarias destruidas por el volcán Tajogaite en 2021.
La norma transferirá 100 millones de euros comprometidos, además de prorrogar la bonificación del 60% del IRPF para apoyar la recuperación económica de la isla.
Según ASEPALMA, este nuevo retraso “agrava aún más la incertidumbre y el sufrimiento de cientos de familias que cuatro años después de la erupción siguen sin recibir la ayuda prometida para recuperar sus proyectos de vida”, en una isla donde la agricultura representa el principal sustento económico.
El colectivo recuerda que el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, había acordado con el resto de Administraciones que el decreto se aprobaría como máximo en el Consejo de Ministros del martes 11 de noviembre. Sin embargo, la medida no se ha llevado a cabo, incumpliendo un compromiso público.
Reuniones urgentes para exigir explicaciones
ASEPALMA ha solicitado encuentros urgentes con Héctor Izquierdo, comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, y con Pedro Ángel Afonso, viceconsejero de Recuperación Económica y Social de la isla, para conocer las causas del retraso, los plazos reales de aprobación y las medidas de coordinación de las Administraciones para hacer efectiva la ayuda.
El objetivo es clarificar cómo se ejecutarán los 100 millones de euros destinados a reconstruir unas 360 hectáreas de cultivos, en su mayoría plataneras, sepultadas por la lava.
“Este paso atrás ha causado una profunda decepción entre los afectados, que confiaban en el compromiso del ministro como una certeza para iniciar la reconstrucción agraria”, advierte ASEPALMA, que alerta que dilatar más esta situación podría poner en riesgo el cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno estatal y el autonómico.
La asociación subraya que no aceptará más retrasos y se mantendrá “vigilante” sobre la determinación de las Administraciones para poner fin a esta prolongada incertidumbre y garantizar unas ayudas que considera “justas y necesarias”.
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