La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha denunciado que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, que previsiblemente se aprobará el próximo 12 de noviembre en el Parlamento de Canarias, supondrá “la práctica erradicación de la vivienda vacacional en manos de familias del archipiélago”.
Según la asociación, el principal obstáculo de la nueva norma es la exigencia de la licencia municipal de Actividades Clasificadas, un requisito que consideran “imposible de cumplir” porque la legislación vigente, aprobada en 2011, no contemplaba la figura de la vivienda vacacional. ASCAV afirma que lleva años pidiendo su actualización “sin obtener respuesta”.
El colectivo acusa al Gobierno canario de actuar “en contra de la propia Declaración de Sevilla”, firmada por 13 comunidades autónomas, entre ellas Canarias, que defendía que la crisis de la vivienda “no puede atribuirse al turismo” y que las Viviendas de Uso Turístico, bien reguladas, “contribuyen a revitalizar los centros urbanos”.
La asociación recuerda que los informes del Colegio de Economistas de Las Palmas, del Consejo Económico y Social y de juristas independientes respaldan su postura, y advierte de un impacto económico y social “devastador” si la ley se aprueba sin incorporar las enmiendas presentadas.
“El turismo dejará de ser de todos los canarios para volver a concentrarse en manos de unos pocos”, sostiene ASCAV, que estima en más de 2.000 millones de euros el impacto anual del sector en las islas.
La organización subraya que el 67% de las viviendas vacacionales no se convertirían en residenciales porque se ubican en zonas turísticas, y lamenta que el Ejecutivo “culpe al pequeño propietario” mientras “ignora las más de 211.000 viviendas vacías existentes en Canarias”.
ASCAV pide al Gobierno “un último gesto de sensibilidad” antes de la votación parlamentaria para “evitar la desaparición de miles de pequeñas empresas y familias que viven de este modelo de alojamiento”.
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