España y el colectivo LGTBIQA+, una brecha cada vez mayor

España fue durante décadas un ejemplo de avance social. Un país que pasó de la represión a la vanguardia en derechos civiles, que legalizó el matrimonio igualitario antes que la mayoría de Europa, y que convirtió sus calles en un símbolo de diversidad y convivencia. Sin embargo, en los últimos años, esa imagen empieza a resquebrajarse. La brecha entre el Estado especialmente allí donde gobiernan los defensores de un pasado que se resiste a marcharse, quienes entienden la libertad como un privilegio.

El discurso político ha cambiado. Donde antes había orgullo, hoy hay silencio o condescendencia. Las políticas de igualdad se ven cuestionadas, las leyes de protección se reinterpretan, y la palabra “ideología” se utiliza como arma para desacreditar cualquier avance en derechos humanos. Los gobiernos autonómicos de corte conservador, desde Madrid hasta Castilla y León o Aragón, muestran una misma tendencia: invisibilizar lo diverso bajo la excusa de la neutralidad.

La estrategia es sutil. No se trata tanto de derogar leyes abiertamente como de vaciarlas de contenido, reducir presupuestos o diluir organismos dedicados a la igualdad. La exclusión se disfraza de gestión eficiente, y la diversidad se convierte en un tema “secundario”.

A este panorama político se suma la influencia renovada de una Iglesia católica más combativa, que se alinea con el discurso ultraconservador para resistir los avances en derechos sexuales y reproductivos. Desde los púlpitos y los medios afines, se impulsa una narrativa que enfrenta tradición con libertad, como si ambas fueran incompatibles.

Todo ello conforma un clima en el que la comunidad LGTBI vuelve a sentirse señalada, cuestionada, observada. No se trata solo de derechos, sino de reconocimiento: de poder existir sin pedir permiso.

España corre el riesgo de perder una parte esencial de su identidad democrática. La libertad no se defiende con discursos vacíos ni con apelaciones al “sentido común”, sino garantizando que nadie quede atrás. Cuando la política y la religión se alían para dictar quién merece respeto y quién no, la democracia se encoge.

Porque una sociedad que tolera la exclusión acaba normalizándola. Y esa, precisamente, es la distancia que hoy crece entre el país que fuimos y el que podríamos volver a ser.