La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que la aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, prevista para el 12 de noviembre, supondrá un golpe definitivo para miles de familias canarias que dependen de la vivienda vacacional.
La entidad critica que Coalición Canaria y el Partido Popular impulsen esta norma “sin diálogo ni consenso”, desoyendo las advertencias de asociaciones, patronales, profesionales del sector y partidos de la oposición.
Según ASCAV, la ley erradicará la participación ciudadana en el turismo, afectando directamente a pequeños propietarios, emprendedores y empresas de servicios vinculadas a este tipo de alojamientos, como las de limpieza, mantenimiento o gestión.
Advierte además de que la norma no logrará reincorporar estas viviendas al mercado de alquiler tradicional, ya que el 67% se encuentra en zonas turísticas o complejos residencializados donde este uso no está permitido, mientras que el resto cerrará o se venderá por la inseguridad jurídica existente.
Asimismo, la asociación sostiene que el Gobierno ha utilizado como excusa la falta de licencias de Actividad Clasificada, pese a que las viviendas vacacionales no están incluidas en la ley que regula dichas actividades desde 2011, asunto advertido durante años a la Consejería de Turismo.
De aprobarse la ley en los términos actuales, ASCAV considera que el Ejecutivo autonómico pasará a la historia como responsable de empobrecer a miles de familias, expulsándolas de la economía turística y dejando el mercado en manos de grandes operadores, al tiempo que encarece el acceso al alojamiento en el archipiélago.







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