La Plataforma de Afectados por la Ley Turística exige al Parlamento medidas para evitar desahucios en complejos turísticos

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribé Doreste, ha solicitado en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias que la nueva normativa del sector defina con exactitud los conceptos de “establecimiento turístico” y “unidad de explotación”, al considerar que esa precisión bastaría para resolver el conflicto que afecta a miles de propietarios que viven en complejos turísticos.

En este contexto, Doreste señaló que la aplicación de la Ley 2/2013 ha generado una interpretación que obliga a destinar todos los apartamentos de un complejo al uso turístico, incluso aquellos donde residen dueños desde hace décadas. “Nuestra casa no da alojamiento a nadie, es una vivienda. No podemos irnos a vivir debajo de un puente. Somos legales y lo hemos sido siempre”, afirmó.

También recordó que desde la orden ministerial del 17 de enero de 1967, todas las normativas han coincidido en que un establecimiento turístico está formado únicamente por las unidades destinadas a explotación por precio y con habitualidad, no por la totalidad del inmueble; y que durante años los propietarios podían ceder sus apartamentos a la explotación turística y recuperarlos después, sin que ello implicara una obligación permanente.

Asimismo, la presidenta lamentó que la actual interpretación haya derivado en sanciones a vecinos que habitan sus propias viviendas en complejos sin empresa explotadora, muchos de los cuales, según indicó, no resultan rentables para el sector.

Del mismo modo, cuestióno que la futura ley contribuya a resolver el problema habitacional, y advirtió que en municipios como Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Arona, Corralejo o Puerto del Carmen cada vez existen menos espacios donde puedan residir los trabajadores locales. “¿Dónde van a vivir las personas a las que se les está negando el pan y la sal?”, planteó durante su intervención.

Por este motivo, pidió al Parlamento que la norma respete las competencias municipales y permita a cada ayuntamiento decidir cómo ordenar su territorio, ya que la realidad de los complejos turísticos es muy diversa. “No puede haber una solución única para situaciones tan distintas”, subrayó.

Finalmente, Doreste insistió en la necesidad de proteger el derecho de los residentes a permanecer en sus hogares, ya que, de no hacerlo, las zonas turísticas podrían convertirse “en parques temáticos sin gente de aquí, con el territorio en manos de capital extranjero”.