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VIVIENDA VACACIONAL

Maribe Doreste exige al Parlamento que proteja el derecho a la vivienda frente a la nueva Ley Turística

Doreste critica que el proyecto imponga restricciones desproporcionadas y vulnere el derecho constitucional a la propiedad y a la vivienda

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MASPALOMAS AHORA
Viernes, 17 de Octubre de 2025
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Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, ha remitido un escrito al Parlamento de Canarias en el que manifiesta su rechazo al actual proyecto de Ley de Ordenación del Uso Turístico de la Vivienda, al considerar que vulnera derechos fundamentales, invade competencias municipales y perjudica a miles de residentes en zonas turísticas del Archipiélago.

Doreste sostiene que los apartamentos y bungalós son viviendas y no unidades alojativas, por lo que los residentes no deberían incluirse en una norma que regula la vivienda vacacional. Además, reclama la eliminación de la disposición transitoria sexta y del Decreto Ley 2/2025, por contradecir la Ley de Emergencia Habitacional, y exige el reconocimiento de los usos consolidados y los derechos indemnizatorios derivados de las limitaciones impuestas.

Del mismo modo, la portavoz denuncia que la futura ley “obligará a los ciudadanos que viven en áreas híbridas del litoral a convertir sus casas en alojamientos turísticos”, lo que, asegura, vulnera el derecho a una vivienda digna y favorece solo a determinados operadores turísticos. 

Asimismo, advierte de que la norma impone restricciones desproporcionadas, contrarias al derecho estatal y comunitario, al tiempo que menoscaba la autonomía municipal al uniformar criterios para todos los municipios pese a sus diferencias; al mismo tiempo que contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, al negar la compatibilidad de usos residenciales y turísticos en las zonas mixtas.

Por todo ello, la presidenta alerta de que la aprobación del texto provocará un incremento de la litigiosidad y reclama a los diputados que admitan enmiendas que respeten los usos residenciales, archiven expedientes sancionadores y permitan una convivencia equilibrada entre la actividad turística y la vida de la población local.

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