Las federaciones de vivienda turística denuncian el “negocio” detrás del Registro Único de Arrendamientos

Las dos principales federaciones que agrupan a propietarios de viviendas turísticas y de alquiler de corta estancia en España, FAPAV y FEVITUR, han denunciado que el Registro Único de Arrendamientos, impulsado por el Gobierno, se ha convertido en un “negocio millonario” para los registradores de la propiedad sin cumplir su supuesto objetivo de combatir la oferta ilegal.

Según ambas organizaciones, este registro, gestionado por los Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles, ha recaudado cerca de 9,5 millones de euros solo en tasas, al cobrar unos 27 euros por inscripción. En total, se han concedido alrededor de 350.000 números de registro, según datos del propio Colegio de Registradores.

Las federaciones sostienen que, además de esas tasas, muchos propietarios se han visto obligados a inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad —un trámite que no es obligatorio en España— para poder solicitar el número de arrendamiento, con un coste medio que puede rondar los 1.000 euros por finca, a lo que se suman gastos de notaría e impuestos.

FAPAV y FEVITUR subrayan que la norma europea solo exige la creación de una ventanilla única para centralizar los datos de viviendas turísticas, y no un registro único o duplicado como el implantado en España.

Por ello, califican el modelo español de “injustificado” y “contrario a la legislación comunitaria”.

Asimismo, critican que este sistema no servirá para frenar la oferta ilegal, ya que la falta de inscripción en el nuevo registro no convierte una vivienda en irregular.

En la práctica, explican, solo impide que los alojamientos no registrados puedan anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking, aunque sí pueden hacerlo por otras vías como webs propias o agencias inmobiliarias.

La norma que impone este registro obligatorio ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, que tramita actualmente cinco recursos contra el Real Decreto que lo instauró.

“El daño ya está hecho, y el negocio también”, señalan las federaciones en su comunicado, en el que acusan al Gobierno de haber cedido a los registradores una competencia que “nunca les correspondió”.