La Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán de La Palma denuncia que la isla continúa sin difundir ni homologar el Plan de Actuación Insular ante el Riesgo Volcánico (PAIV), elaborado en 2019 pero nunca publicado. Este documento, concebido como guía esencial de autoprotección, permanece oculto por decisión política, lo que deja a más de 80.000 habitantes expuestos a nuevas emergencias sin instrucciones claras sobre evacuación, atención a dependientes, animales o protección de bienes básicos.
Una auditoría independiente recalca que este ocultamiento vulnera la Ley de Protección Civil y puede constituir una infracción muy grave, sancionable con multas de hasta 600.000 euros.
El informe recuerda que PP y PSOE en el pasado, y actualmente Coalición Canaria, no han difundido el plan ni logrado su homologación. Frente a ello, Tenerife sí cuenta con un plan operativo y probado en simulacros, lo que evidencia el agravio.
El déficit de transparencia se extiende al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA), que mantiene un sistema de semáforo confuso, y al Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA), cuyas revisiones no integran las lecciones de la erupción del Tajogaite.
A ello se suman los Planes Municipales de Emergencia (PEMU) desactualizados, sin protocolos específicos para gases, uno de los mayores riesgos del post-volcán.
El análisis también denuncia la ausencia de actas en reuniones clave, lo que impide conocer la trazabilidad de las decisiones, aprender de los errores y fortalecer la respuesta institucional.
La iniciativa insiste en que la prevención requiere participación ciudadana, simulacros serios y divulgación clara de la información.
Publicar el PAIV, actualizar el PEINPAL y los PEMU, corregir el semáforo del PEVOLCA y reforzar la coordinación interinstitucional son medidas urgentes para evitar que la isla vuelva a enfrentar una crisis desde la improvisación.
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