Transporte público, servicio esencial en Canarias

La movilidad de personas y mercancías en Canarias ha experimentado modificaciones trascendentales en la última década. Con hitos como el 75% de descuento en los billetes aéreos y marítimos entre las Islas y entre estas y el conjunto del Estado, que el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo arrancó al Gobierno central en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). O el más reciente con el incremento de la financiación estatal para contribuir a la gratuidad de las guaguas. Queda mucho por hacer en este ámbito para estar cada vez mejor comunicados y con precios razonables y para avanzar hacia una movilidad sostenible.

Tenemos un grave problema de tráfico, con frecuentes atascos, especialmente en las islas más pobladas, y de manera muy significativa, por su enorme crecimiento en población y número de visitantes, en la isla de Tenerife, que solo se puede aminorar con un mayor peso del transporte público -guaguas, tranvía y, en su caso, el tren- en el conjunto de los desplazamientos.

Desde NC-bc, hemos venido defendiendo la implantación decidida de una movilidad sostenible en nuestras ciudades y comarcas que prime los modos de transporte blandos, como las bicicletas y patinetas, y que fomente el uso mayoritario de los transportes públicos, guaguas y taxis, así como los sistemas de bicis públicos. Dándole también preeminencia a los desplazamientos a pie, estimulando las peatonalizaciones y los carriles bici que posibilitan ciudades más amables y humanas. También consideramos necesaria la implantación del transporte guiado en las dos islas más pobladas.

Estamos plenamente convencidos de la necesidad de una movilidad sostenible para todas las personas, que nos proporciona un aire más limpio, menos ruido y mejora la seguridad. Movilidad sostenible a la que tratamos de aplicar principios como fortalecer los sistemas públicos de transporte colectivo allí donde sea posible; extender los carriles bici y las vías peatonales; descarbonizar el transporte; extender las “zonas de bajas emisiones" en los entornos urbanos que lo permitan; electrificar el parque móvil de las islas, puesto que es más eficiente y genera menos emisiones; y garantizar una red pública de puntos de recarga que complemente la expansión de la movilidad eléctrica.

75% transporte aéreo y marítimo

Resulta evidente que nuestra condición de archipiélago hace que, en el ámbito de la movilidad de personas y mercancías, Canarias tenga problemas distintos a los que tienen los territorios continentales. Nuestras carreteras interinsulares son el mar y el aire. Nuestro transporte colectivo entre islas y con el continente europeo lo integran también los aviones y los barcos. En lo que hemos conseguido calidad, frecuencia, seguridad y precios muy competitivos.

Por eso, han sido logros históricos de NC-bc la consecución del 75% de descuento en los billetes aéreos y marítimos. Primero en los viajes aéreos y marítimos interinsulares, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, y después, ampliándolo a los de Canarias con el resto del Estado, en las cuentas públicas estatales para 2018. No se trata de una dádiva, sino de un elemento corrector que busca igualarnos al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de otras comunidades, consolidando un gasto público en las cuentas estatales de más de 500 millones de euros al año.

Acordando, asimismo, en aquellas negociaciones presupuestarias con el Estado, elevar al cien por cien la subvención en el caso del transporte de mercancías, consolidando en el último presupuesto estatal más 105 millones de euros de bonificación a pesar de que no se han actualizado los costes tipos y beneficiando, por tanto, a nuestra industria y a nuestro sector primario.

Por otra parte, nos preocupan asuntos como la reciente adquisición por parte de la compañía valenciana Baleària de la naviera Armas-Trasmediterránea, histórica en el transporte marítimo entre islas y pieza clave para la cohesión social y económica del Archipiélago. Pasando la empresa a manos de inversores externos, lo que genera serias dudas sobre el futuro de un sector estratégico para Canarias”.

Igual que, en su momento, apoyamos que la compañía aérea Binter quedara en manos de capital canario, entendemos que el Gobierno canario debió explorar alternativas de participación pública, fórmulas de colaboración con capital privado canario o mecanismos de protección del interés general para garantizar que la conectividad marítima se mantenga bajo criterios de servicio público y no exclusivamente de rentabilidad financiera.

Transporte público insular

Una preocupación que también se extiende a las circunstancias presentes y futuras del transporte urbano e interurbano de viajeros y viajeras. En el VI Congreso Nacional de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), celebrado el pasado mes de julio, en una resolución analizamos la situación actual del sector en las Islas. Un sector que resulta esencial para la movilidad interior en los distintos territorios insulares. Y que, en nuestra opinión, es preciso apoyar, incrementar y fortalecer para que cada día preste un mejor servicio a la ciudadanía. Un transporte público insular que se encuentra en riesgo ante las tentaciones expansionistas que pretenden entregarlo a grandes empresas estatales o internacionales.

Se trata de un proceso que, con mayor o menor impacto mediático, lleva consolidándose en los últimos años y que ya está presente en el transporte urbano e interurbano de varias islas. Aunque no es nuevo, todo apunta a que ese afán expansionista seguirá avanzado muy en consonancia con los aires ultraconservadores y neoliberales están en boga en todo el mundo.

Como destacamos en la referida resolución congresual, esta expansión empresarial, con apariencia de modernización, “es en realidad un riesgo cierto de pérdida de soberanía sobre un servicio público esencial, especialmente en territorios fragmentados, de difícil orografía, y con un equilibrio demográfico tan complejo como el canario. La insularidad, junto a la dispersión territorial, configuran una realidad estructural muy distinta a la peninsular española, que exige una ordenación diferenciada, sensible y adaptada a las singularidades canarias”.

Por ello, proponemos la creación urgente de empresas públicas dependientes de los respectivos cabildos, que permitan la gestión directa del servicio, garantizando su continuidad, blindando su función social y el empleo, evitando el vaciamiento del modelo de transporte como servicio público, tal como ocurre con TITSA en Tenerife o Guaguas Municipales en la capital grancanaria, cuya asunción por la corporación fue uno de los grandes logros de la UPC a finales de los años setenta.

Nuestro planteamiento es claro en la defensa de un transporte urbano e interurbano público y de calidad. Consideramos que defender el transporte público colectivo de viajeros por carretera, es defender el derecho a un transporte digno para todas las personas, vivan donde vivan, sin depender de la rentabilidad económica. Es, asimismo, defender la calidad del empleo de miles de trabajadores y trabajadoras en las Islas. Es, en definitiva, defender un Estado de Bienestar Canario fuerte, justo y adaptado a nuestras singularidades como pueblo archipelágico.

En definitiva, frente a las dinámicas neoliberales que tienden a desmantelar los servicios públicos en favor del lucro privado, nuestra posición política ha sido, es y será la de firmes defensores de unos servicios esenciales fuertes, universales, accesibles y gestionados con criterios de interés público. Sanidad, educación, cuidados a las personas, seguridad o transporte han sido siempre ámbitos prioritarios de nuestra acción, ya sea desde la oposición o desde la responsabilidad de gobierno. Lo son hoy. Lo seguirán siendo en el futuro.