El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Tierra Bonita contra la negativa del Gobierno canario a entregar las actas y grabaciones de las reuniones del PEVOLCA en los días previos a la erupción del Tajogaite.
La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo notificó el pasado 9 de septiembre el decreto que abre por primera vez la vía judicial para reclamar una documentación que la Dirección General de Emergencias denegó definitivamente el 3 de junio.
La publicación de esas deliberaciones científicas y políticas ha sido una demanda reiterada de vecinos y damnificados, pero tanto el anterior Ejecutivo autonómico (PSOE-NC-ASG-Sí Podemos) como el actual (CC-PP-ASG-AHI) han rechazado su divulgación, alegando que carecen de interés público y que es necesario preservar la confidencialidad de las sesiones.
Los afectados, sin embargo, sostienen que estos documentos son esenciales para entender por qué no se informó a la población de que el mayor riesgo eruptivo se había desplazado hacia el norte del Valle de Aridane por la migración del magma, circunstancia que los científicos conocían.
Esa omisión dejó sin aviso a caseríos y barrios que fueron los primeros arrasados por la lava y cuyos habitantes, a diferencia de otros núcleos, no recibieron convocatorias del PEVOLCA. Muchos no pudieron rescatar animales ni pertenencias, lo que acrecentó su sufrimiento emocional.
Las actas permitirían además esclarecer por qué no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja ni se activó la evacuación preventiva, pese a la evidencia de inminencia reconocida después por miembros del comité científico. Tierra Bonita insiste en que esas decisiones explican gran parte del impacto humano de la catástrofe.
El litigio judicial, respaldado también por la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo, asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas, Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo del Plátano y la Unidad Protección Animal, refuerza la exigencia de transparencia de la sociedad palmera.
Con la admisión a trámite, el TSJC ha concedido al Gobierno canario un plazo improrrogable de 20 días para remitir el expediente administrativo.
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