El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de retirar 53.000 viviendas turísticas irregulares de los portales digitales para destinarlas al alquiler permanente ha generado un intenso debate en Maspalomas y todo San Bartolomé de Tirajana.
La medida busca aumentar la disponibilidad de vivienda para residentes y combatir la escasez de alquileres asequibles en España.
En el municipio, 637 alojamientos turísticos ilegales han sido identificados hasta ahora, lo que representa una parte significativa de las propiedades que podrían verse afectadas por esta política.
La iniciativa se enmarca en el objetivo del Gobierno de garantizar un acceso más justo a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, y de regularizar el mercado turístico que ha crecido de forma masiva en la zona.
En declaraciones a Maspalomas Ahora, varios propietarios explican que “no es seguro alquilar de forma permanente por miedo a los okupas” y que la medida podría generar más problemas que soluciones. Algunos incluso aseguran que podrían dejar sus viviendas vacías antes que asumir el riesgo legal y económico.
El debate en Maspalomas refleja un choque entre política pública y derechos de los propietarios: mientras el Gobierno busca garantizar el acceso a la vivienda, los dueños de los pisos turísticos demandan seguridad y protección legal.
Esta situación promete seguir generando titulares y comentarios, en medio de la intensa presión sobre el mercado inmobiliario en la zona turística por excelencia de Gran Canaria
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.161