Por una política universitaria pública y comprometida

Estamos a las puertas de un nuevo curso universitario. El próximo miércoles día 17 tendrá lugar, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el acto institucional de comienzo del curso académico 2025-2026. No sé si estaremos ante un evento meramente protocolario, con una importante representación de la sociedad grancanaria, que pasará de puntillas sobre los preocupantes déficits de las universidades públicas canarias.

Me preocupa enormemente la situación de la ULPGC, en realidad la situación de las universidades públicas canarias. Este es el tercer artículo en el que analizo el momento de precariedad en el que viven. Las deficiencias críticas que padecen exigen que aproveche el momento del inicio del curso escolar para reiterar, con más fuerza si cabe que en las anteriores ocasiones, lo que he planteado públicamente defendiendo un cambio de rumbo por parte de las autoridades educativas en el trato a la ULPGC y la ULL. Para que el Gobierno de Canarias responda con sensibilidad y determinación a unas carencias que no pueden perpetuarse.

Quiero también que sea una llamada de atención y una demanda de compromiso a la sociedad civil que tanto luchó por conseguir una universidad pública para Gran Canaria desde el convencimiento de que juega un papel clave para el desarrollo social y económico de la isla. De cada una de las islas. Incluyo aquí a la Fundación Universitaria y al Consejo Social. También al profesorado, al estudiantado y al personal de administración y servicios. Nos incumbe a todos y a todas.

Nuestra Comunidad Autónoma es la competente en materia universitaria. Hace unos meses, sumándome a las peticiones de los rectores de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna y de sus equipos de gobierno, solicité en tres ocasiones que se incrementara significativamente la financiación autonómica y que se abriera un periodo de diálogo para consensuar las nuevas leyes que se están discutiendo en el Parlamento de Canarias en relación con la investigación y la ciencia, evitando así una nueva fractura como la que se originó con la ley de consejos sociales. Desgraciadamente, nada ha cambiado desde que realicé ese llamamiento. Una foto el pasado jueves  de los dos rectores, en franca camaradería con Fernando Clavijo, recibiendo un millón de euros del Gobierno de Canarias para estudios diversos, no nos puede distraer de esta realidad.

No podemos seguir a la cola de las universidades españolas en la menor inversión por alumno, muy por debajo de las recomendaciones de todos los organismos científicos estatales e internacionales. No podemos aceptar que la universidad grancanaria y la universidad tinerfeña carezcan de un marco económico a medio plazo. Para que las universidades públicas canarias puedan atender las demandas en docencia, investigación e infraestructuras que el momento reclama ha llegado la hora de que la enseñanza superior se convierta en una prioridad de la política de nuestro gobierno. Es una decisión imprescindible para ganar el futuro o lo vamos a lamentar durante décadas. Quedarnos fuera de los grandes circuitos de la investigación y la innovación condenará a Canarias a ser una sociedad dependiente y subalterna de forma permanente.

Los cambios tecnológicos, la complejidad de los programas de investigación, las demandas sociales y empresariales y la competitividad en la oferta universitaria  pública,  exigen desde hace años una mayor dotación de la que  nuestras universidades reciben. Este desfase en inversiones se va acumulando y supone una losa que nos aleja de los puestos de la excelencia que Canarias necesita para afrontar los retos de la globalización y el desarrollo socioeconómico sostenible. Tengo la impresión de que el gobierno, y parte de los sectores más influyentes de nuestra sociedad, no son conscientes de la repercusión que una buena docencia y una buena  investigación universitarias tienen en la conformación de una Canarias de progreso, innovadora y cohesionada socialmente.

Nuestra situación geográfica, el modelo económico excesivamente dependiente del turismo, el retraso sociocultural que sufrimos especialmente durante la dictadura y la limitación de recursos naturales de los que disponemos, exige que apostemos decididamente por el talento, por la formación de nuestra gente, por la investigación y por la innovación. Y la herramienta para conseguir esos objetivos y mantenernos en el concierto internacional es la formación superior. Esa necesidad, repito, la entendió toda nuestra sociedad cuando salió a la calle a reclamar una universidad plena para Gran Canaria. Hemos recorrido un camino de éxito y ahora no les podemos fallar. Ni podemos permitir que falle.

La economía azul, la biotecnología, las energías renovables, las ciencias de la salud, el turismo o la economía de los cuidados, son áreas donde las universidades canarias son punteras y tienen cuadros, trayectoria y capital acumulado para ser foco de atracción y a la vez contribuir al progreso mundial de la ciencia. Reclamo con la mayor energía y convicción posible que el Gobierno de Canarias responda con responsabilidad a esta reclamación que hacen las universidades públicas y que hoy también comparto como presidente del Cabildo Gran Canaria.

Las universidades canarias atraviesan uno de los peores momentos de su historia, justo cuando están en condiciones de ofrecer sus mejores frutos porque hay equipos consolidados y programas experimentados con buenos resultados. Y reconozco que desgraciadamente este mal momento en las universidades públicas no es exclusivo de Canarias. Se están produciendo recortes presupuestarios y reformas financieras en muchas comunidades españolas, en realidad en muchos países europeos con gobiernos conservadores, con el objetivo de debilitar el sistema universitario público. Coincide con el gran cuestionamiento de la libertad de investigación y docencia en las universidades que promueven las políticas neoliberales capitaneadas por Donald Trump en EEUU y que imita Isabel Díaz Ayuso en Madrid. O la Francia de Macron, donde se ha creado un observatorio para controlar “derivas ideológicas” en la academia.

Me interesa destacar que estas medidas de recorte económico no son decisiones aisladas o producto de restricciones presupuestarias coyunturales porque justamente en este momento no pasamos por un momento de contracción presupuestaria. Por el contrario, forman parte de una estrategia global para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas.

Y se actúa de manera parecida en todos los lugares: se desgasta la autonomía universitaria limitando sus recursos y reduciendo la financiación pública, se potencia a las privadas con mayor capacidad económica y de movimiento, se controla, con órganos superpuestos o con competencias añadidas, a los consejos sociales para orientar su actividad y facilitar su control político o económico externo o se desmotiva al personal docente y al alumnado, entre otras acciones.

Sin ningún rubor, estas políticas pretenden socavar el prestigio de la ciencia, de la libertad de investigación y el pensamiento crítico que, fundamentalmente, se generan en los ambientes universitarios donde el debate, la movilización social y la libertad de creación son sus señas de identidad. Tenemos varios ejemplos que confirman lo que decimos. La presión que se está haciendo desde la administración de Trump sobre universidades americanas prestigiosas como Harvard, Columbia o Brown por sus denuncias del genocidio que comete Israel, o su posición sobre el cambio climático o sobre la inmigración resultan escandalosas e inconcebibles en una sociedad que se reconoce democrática. En Francia Le Pen y Macron hablan de que sus universidades públicas promueven el “multiculturalismo radical”. En España PP y Vox hablan de las universidades como centros de adoctrinamiento ideológico.

La globalización está favoreciendo que una ola conservadora se extienda en todas las sociedades y presione para que las políticas se imiten y se copien. Y para encontrar coartadas para este debilitamiento se ponen en marcha campañas de desprestigio y descrédito de personalidades o programas académicos progresistas que generan desconfianza y desconcierto en la población menos informada. Estamos ante una acción sincronizada mundialmente mediante la que los sectores económicos y políticos conservadores pretenden avanzar e influir en un espacio como el del pensamiento, la ciencia y la universidad de manera sectaria. Al mismo tiempo, se criminaliza la protesta y la acción reivindicativa del estudiantado, llegando a definirlos como radicales por el simple hecho de discrepar democráticamente de la posición política conservadora.

Lo que está ocurriendo en Canarias parece un reflejo de ese movimiento español y mundial que pretende promover la privatización de las universidades ante la desconfianza que genera el debate y el posicionamiento democrático de las universidades públicas. La situación crítica de las universidades canarias coincide con este movimiento de debilitamiento del espacio universitario público. Los partidos conservadores que sustentan el actual gobierno de Canarias no están interesados en responder a esta justa y urgente demanda, pero las consecuencias en nuestra sociedad desbordan el debate democrático y se convierte en un asunto de país, de supervivencia de nuestra sociedad canaria y de garantía de la igualdad de oportunidades.

En una sociedad donde las ratios de desigualdad siguen siendo graves y con unos niveles de renta limitados, la pervivencia de las universidades públicas que garanticen el acceso de todas y de todos a la formación es un asunto capital para quienes aspiramos a una sociedad cohesionada en la que nuestra gente joven pueda quedarse a vivir con derechos y calidad.

De nuevo ha llegado la hora de defender las universidades públicas que tanto necesitamos. La apertura del nuevo curso universitario es un buen momento para reflexionar sobre ello. Todo mi apoyo como presidente del Cabildo de Gran Canaria a la asociación que promueven en estos momentos las dos universidades públicas canarias, con un respaldo detrás de casi cuarenta y  cinco mil personas, para defender sus intereses, los intereses de la ciudadanía canaria.