Los servicios de emergencia más críticos de Canarias se encaminan a un paro indefinido. A partir del 25 de agosto, el 112, el Servicio de Urgencias Canario, el servicio de atención a víctimas de violencia de género, el transporte sanitario no urgente y otras áreas dependientes de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias dejarán de funcionar con normalidad.
La razón, según sus comités de huelga, es una combinación de mala gestión, falta de inversión y un plan que, en su opinión, amenaza con romper un modelo integrado de coordinación que ha funcionado durante más de tres décadas. “Cada segundo es crítico”, recuerdan, y advierten que separar orgánicamente unidades como el SUC puede derivar en errores, duplicidades y retrasos en situaciones donde el tiempo es cuestión de vida o muerte.
Los sindicatos describen un escenario de incumplimientos laborales sistemáticos, como turnos sin cubrir, cambios de cuadrantes sin aviso, contrataciones fuera de las listas oficiales y derechos laborales reconocidos que, pese a estar firmados por varias consejerías y el Consejo de Gobierno, no se cumplen.
El conflicto añade además una dimensión política. Los trabajadores piden la paralización inmediata de cualquier plan de fragmentación de servicios, la renovación de los equipos directivos responsables y la reactivación del encargo de Planificación y Calidad que, denuncian, ha sido detenido por la Dirección General de Emergencias.
El llamamiento tiene fecha límite, pues si antes del 25 de agosto el Gobierno de Canarias no se sienta a negociar, más de 300 familias trabajadoras y toda la estructura de emergencias integrada de la comunidad se verán envueltas en una huelga indefinida que pondrá a prueba la capacidad de reacción de las islas… y de sus responsables políticos.
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