La futura Ley de Volcanes, impulsada a partir de una iniciativa popular de las plataformas de afectados por la erupción del Tajogaite, está a punto de ver la luz en el Parlamento de Canarias. Jonathan Felipe, diputado de Coalición Canaria por La Palma, afirma que la norma representa un hito legislativo sin precedentes tanto para el archipiélago como para el Estado.
El texto legal ya ha culminado su recorrido en comisión y solo queda pendiente su aprobación definitiva en pleno tras la reanudación de la actividad parlamentaria. Durante su tramitación, se ha mantenido intacto el espíritu de los proponentes, incorporando únicamente ajustes técnicos que no alteran el fondo de sus demandas, según subraya Felipe, quien insiste en que Coalición Canaria ha respaldado de forma coherente ese respeto.
Entre los avances que introduce la ley destaca el reconocimiento del estatuto de afectado y la posibilidad de constituir un consorcio en el que participen tanto las administraciones como los damnificados, fórmula defendida por su formación desde los primeros momentos de la crisis. También se contempla la retroactividad de las medidas, siempre que no interfieran con normas vigentes, lo que permite atender las consecuencias de la erupción palmera y establecer precedentes para otras posibles emergencias volcánicas.
La norma, además, fija como criterio de reconstrucción que la renta per cápita de las zonas afectadas recupere los niveles previos al desastre y se mantenga estable durante dos años. Incluye medidas de apoyo en sectores clave como la agricultura, la industria, el turismo y el sistema tributario, y garantiza el derecho a recibir compensaciones proporcionales a las pérdidas sufridas.
Felipe concluye que esta ley, nacida de la ciudadanía y canalizada a través del Parlamento, ofrece seguridad jurídica a las personas afectadas por fenómenos volcánicos, evitando que su recuperación quede sujeta a decisiones coyunturales del poder político.
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