El Ayuntamiento de Mogán ha vuelto a tumbar al Cabildo de Gran Canaria en los tribunales. El TSJC ha desestimado el recurso de apelación del Ejecutivo Insular y ratifica que la exclusión de Mogán del FDCAN 2023–2027 fue ilegal, arbitraria y discriminatoria. Es la segunda sentencia que desmonta el relato de Antonio Morales, pero él insiste, porque siempre se puede tirar de recurso (y de dinero que no es suyo).
La alcaldesa Onalia Bueno ha sido clara, reclamarán más de 3,3 millones de euros en compensación, y le ha pedido al presidente del Cabildo que deje de prolongar un castigo político que ya no se sostiene ni en pie ni en papel. “Esto no tiene recorrido, salvo el que va directo al Supremo a perder más tiempo y dinero público”, vino a decir, con menos rodeos y más razón que un santo.
Mientras Mogán acumula sentencias favorables, Morales acumula excusas, versiones cambiantes y titulares poco gloriosos. Al parecer, el Cabildo excluyó a Mogán porque sí, porque podía, y porque nadie se lo iba a impedir, hasta que llegaron los jueces con el principio de igualdad bajo el brazo.
Si el presidente del Cabildo no rectifica pronto, los moganeros verán los fondos que les corresponden cuando Morales ya esté escribiendo sus memorias. Aunque viendo cómo va el tema, igual ese libro también lo recurre.
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