El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Mogán. Ha confirmado que el municipio fue excluido de forma irregular de la segunda convocatoria del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), impulsado por el Cabildo de Gran Canaria.
La sentencia desestima el recurso de apelación del Cabildo y señala que su decisión vulneró el principio de igualdad. Mogán quedó fuera del reparto de fondos sin base legal. No se le ofreció la posibilidad de participar en el programa, a diferencia de los 19 municipios restantes.
Ahora, el consistorio anuncia que, cuando la sentencia sea firme, reclamará una compensación económica de al menos 3,3 millones de euros, en concepto de daños, intereses y costas. Considera que los fondos a los que tenía derecho han sido utilizados por otros municipios durante estos años, mientras Mogán ha quedado al margen.
La alcaldesa, Onalia Bueno, ha pedido al presidente del Cabildo, Antonio Morales, que no prolongue más el conflicto recurriendo al Supremo. Y ha recordado que el Gobierno de Canarias era el único competente para regular el acceso al FDCAN. Es decir, el Cabildo no podía vetar la participación de ningún municipio.
La Justicia, por segunda vez, le da la razón a Mogán. El conflicto político queda ahora en manos del presidente insular, que debe decidir si asume el fallo… o lo vuelve a recurrir.
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