FAVAPAT denuncia un “caos jurídico” que deja fuera del mercado a miles de pequeños propietarios

La Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (FAVAPAT) ha solicitado este lunes una reunión urgente con el Ministerio de Vivienda y con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ante la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024, que, según denuncian, ha generado un escenario de "inseguridad jurídica sin precedentes". 

La organización alerta de que el decreto, que entra en vigor este 1 de julio, ha provocado disparidad de criterios entre registradores de la propiedad a la hora de aplicar la norma, lo que estaría derivando en "rechazos injustificados" de inscripciones de viviendas turísticas.

Según FAVAPAT, algunos registradores estarían exigiendo documentación urbanística y turística que excede sus competencias y corresponde, en su opinión, a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Asegura además que estas exigencias contradicen el informe técnico emitido por el propio Colegio de Registradores, que limita su función a la comprobación de lo que consta en el registro.

La federación denuncia también que están impidiendo el ejercicio de la actividad a miles de propietarios, sobretodo en zonas rurales y entre familias con menos recursos, debido a costes elevados para inmatricular inmuebles que no figuran en el Registro de la Propiedad, pese a que su inscripción no es obligatoria en España.

FAVAPAT sostiene que esta situación vulnera principios legales y constitucionales, como la libertad de empresa, y genera un "caos territorial" por la falta de criterios comunes en distintas regiones.

Entre las principales críticas al decreto, la federación señala la supuesta duplicidad ilegal que supondría exigir la inscripción en el Registro de la Propiedad de viviendas ya inscritas en los registros turísticos autonómicos, algo que, recuerda, prohíbe expresamente el Reglamento europeo 2024/1028. También denuncian una invasión de competencias autonómicas en materia de vivienda y turismo, motivo por el cual varias comunidades y asociaciones han recurrido la norma ante los tribunales.

La federación reclama la suspensión inmediata del decreto hasta que se resuelvan los recursos judiciales en trámite ante el Tribunal Supremo y, en su defecto, que se elabore un protocolo obligatorio para los registradores que limite su verificación a los datos registrales.

"El Gobierno ha creado un monstruo jurídico que expulsa del mercado al 90% de los pequeños arrendadores mientras beneficia a fondos de inversión", concluyen.