La plataforma Booking ha suprimido 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, la mayoría situados en las Islas Canarias, después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 alertara de la existencia de publicidad ilícita en su web y solicitara su retirada.
En un comunicado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha valorado la colaboración de la empresa tras el envío del requerimiento, subrayando la importancia de que todas las ofertas se ajusten a la legalidad vigente.
El ministro ha señalado que “la proliferación indiscriminada” de este tipo de alojamientos es uno de los factores que alimentan las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente en zonas con gran presión turística.
Esta intervención de Consumo coincide con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la semana pasada desestimó el recurso presentado por Airbnb y avaló la retirada de 5.800 anuncios en esa plataforma.
Según el Ministerio, tanto los anuncios eliminados en Booking como los denunciados en Airbnb incurren en una o varias infracciones: la omisión del número de licencia o registro autonómico, la falta de información sobre si el arrendador es un particular o un profesional —aspecto esencial para definir la protección del consumidor— y el uso de números de licencia falsos o incorrectos que “pueden inducir a error o engaño” a los usuarios.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda ha confirmado que no aplazará la entrada en vigor del real decreto aprobado a finales del pasado año, que establece la Ventanilla Única Digital para registrar y controlar los alojamientos turísticos de corta duración. Desde el martes, plataformas como Airbnb o Booking tendrán prohibido publicar anuncios de inmuebles que no hayan completado este trámite.
El nuevo sistema, sin embargo, genera numerosas dudas entre los propietarios. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, advirtió esta semana en el Parlamento autonómico que aún no está claro “cómo se va a coordinar la Ventanilla Única Digital con los sistemas de las comunidades autónomas”. Fuentes ministeriales apuntan que muchas de estas cuestiones deberán resolverse en el ámbito regional.
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