Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha censurado la actitud del Estado, así como la de las Comunidades Autónomas en general y de Europa, por emplear la isla capitalina como un muro de contención para mantener la inmigración alejada del continente.
Durante la presentación del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre las personas refugiadas en España y Europa, celebrada en la sede del Gobierno insular, Morales recalcó además el incumplimiento por parte del Ejecutivo del auto del Tribunal Supremo, según el cual “debe acoger con inmediatez a los niños y niñas solicitantes de protección internacional, sin referentes familiares y que se encuentran en Canarias”.
También destacó que, si bien se ha producido “una disminución significativa de las llegadas en estos primeros meses del año” en comparación con 2024, es momento de “redoblar los esfuerzos” y proporcionar recursos a un territorio “que seguirá actuando como frontera”.
El XXIII Informe Anual de CEAR revela que la cifra global de desplazamiento forzado aumentó en 2024 hasta alcanzar los 122,6 millones de personas, situando a España como el segundo país de la Unión Europea en número de solicitudes de asilo.
Del mismo modo, dos de cada tres personas que arriban por mar a territorio español lo hacen a través de Canarias, donde los desembarcos se incrementaron un 17 por ciento y una de cada siete personas que llega al archipiélago es menor, en su mayoría sin vínculos familiares.
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