Censura, confianza y auditorías

Aunque muy posiblemente la actual crisis política e institucional que padecemos y soportamos estoicamente los ciudadanos, es la más importante que se ha vivido en tiempos de democracia, muchas personas ya mayores recordamos que un tsunami de corrupción parecido a este ya se vivió en España durante los últimos años de Felipe González como presidente. Entonces era el latrocinio generalizado el que llenaba principalmente las portadas de los periódicos, pero ahora al “choriceo” con situaciones chuscas y personajes barriobajeros, se suma una profunda crisis institucional instigada desde La Moncloa que cede al chantaje continuo de bilduetarras y prófugos de la justicia, esos grupos políticos que conforman el Gobierno Frankenstein.

Por eso las portadas de hoy y las tertulias se ocupan más del impune asalto a las instituciones que, por su propia naturaleza, debieran permanecer neutrales e independientes. Es el caso, sin pretender completar la larguísima lista, del CIS, Tribunal Constitucional, CGPJ, INE, REE, Renfe y relacionadas, TVE, EFE, Agencia Tributaria, Banco de España, Correos, etc. También intentando condicionar el funcionamiento de empresas privadas para ponerlas al servicio no ya del Estado sino del Gobierno, como sucede con INDRA, Telefónica, PRISA, etc., actuando directamente desde los Consejos de Administración parasitados o bien introduciendo regulaciones liberticidas e imponiendo impuestos excesivos e injustos, como es el caso de las compañías eléctricas y en particular con las que operan centrales nucleares.

Se oyen en las tertulias y se leen en muchos artículos de análisis político hablar de las mociones de censura y de las cuestiones de confianza. Unos proponiéndolas y otros rechazándolas. Sin duda hay razones para unas u otras posturas, que parten siempre del hecho cierto de que son los partidos políticos los únicos actores de esta tragicomedia que soportamos con creciente indignación y en la que los ciudadanos somos simples espectadores. Cualquier moción de censura que hoy se presentara, casi con total certeza, está condenada al fracaso pues son los propios artífices y beneficiarios de la degradación institucional los que mantienen al Gobierno, como reza la tan repetida frase referida a los 7 votos de marras, que como con las monedas de Judas, entregan España al aventurismo de un político que sólo pretende conservar su cargo, sueldo y privilegios. Y a eso lo llaman democracia. Tal vez se refieran a una “democracia popular”, pero jamás a una democracia liberal propia de un verdadero Estado de Derecho en el que la Ley y no la voluntad totalitaria del Presidente nos gobierne.

A mi modo de entender, el actual formato para la moción de censura lleva inexorablemente a secuestrar la voluntad popular, pues son los propios diputados los que deciden al margen del sentir ciudadano, al que ignoran olímpicamente. Por otro lado, si realmente se tratara de censurar al Presidente del Gobierno, no debiera ser imperativo que quien la presente sea el candidato alternativo para presidir un nuevo gobierno. Las mociones llamadas constructivas, atienden más a las exigencias y necesidades personales de los diputados y sus partidos que al sentir de los ciudadanos a los que dicen representar. A mi modo de ver, si la censura tuviera éxito, se deberían disolver las Cortes y convocar de inmediato nuevas elecciones, pues ha sido una enmienda a la totalidad de la política seguida hasta ese momento. El rechazar a uno no debiera implicar aceptar al otro pues una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas.

Por otro lado, las mociones de confianza vienen en parte a remediar lo criticado para las de censura. Si al presidente del gobierno, que es el único que puede presentar la moción, se le retira la confianza de la Cámara, con el mismo mecanismo por el que se elige un presidente tras unas elecciones generales, los diputados eligen otra persona. No hay un candidato alternativo previo. Conviene de nuevo resaltar que, con este mecanismo, se vuelve a despreciar la opinión de los ciudadanos, pues todo lo guisan, cuecen y se lo comen los políticos parlamentarios.

Por último, quisiera exponer una reflexión sobre la ocurrencia del Dr. Sánchez de anunciar una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE, aunque tal vez sea mejor decir del sanchismo. Salvo que los contables del partido hayan hecho una chapuza con los registros, los auditores tanto internos como externos, sólo podrán certificar que las partidas examinadas están correctamente contabilizadas y documentadas, es decir, que el dinero que se gasta en algo ha sido previamente ingresado. Y todo ello analizando los documentos puestos a su disposición. Pero, si como al parecer suele suceder, ni el ingreso ni el gasto se han registrado con las facturas oportunas en la contabilidad oficial, los auditores no podrán saberlo ni certificarlo. En resumen, la ocurrencia de pedir auditorías externas, es una mera e inutil cortina de humo.

Y tirando de hemerotecas, no está mal recordar que cuando se ha sabido que en un partido político podría existir financiación irregular, ha sido por la acusación de algún personaje despechado que ha hecho una denuncia aportando a la justicia una “contabilidad B” elaborada con partidas no documentadas legalmente, nunca por auditorías o por los análisis del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo fue un contable al que no se le pagaban sus servicios el que destapó el caso Filesa, Malesa y Time-Export, o cuando fue el contable de Al Capone el que lo llevó a la cárcel y no fueron las auditorías “exhaustivas y externas” que deberían de haber realizado de oficio el Tribunal de Cuentas para los partidos políticos.

Por cierto, el recurso a disculpar o amenazar con auditorías a propios y extraños, ya lo utilizó Alfonso Guerra en el Parlamento, cuando blandiendo fajos de hojas en blanco amenazó a sus oponentes políticos con “auditorías de infarto”. Aunque en honor a la verdad hay que decir que este truco demagógico lo plagió el por entonces vicepresidente Alfonso Guerra de la obra de Shakespeare “Julio César”, cuando Marco Antonio utiliza el falso testamento de César para que el populacho, el de ayer en Roma y el de hoy en España, condenara a Bruto y a sus socios conspiradores que hasta instantes anteriores habían vitoreado el asesinato. ¿Se repite, mutatis mutandis, la historia? ¿Volverán a tener razón los “pseudomedios” denostados por el Dr. Sánchez y sus corifeos, como antaño también tuvieron razón los que denunciaban la corrupción socialista en tiempos de Felipe González siendo llamados por eso el “Sindicato del crimen”?