Los propietarios de viviendas vacacionales se plantan frente al Real Decreto 1312/2024

Las principales organizaciones que agrupan a dueños y pequeños gestores de alojamientos turísticos han decidido impugnar, ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto 1312/2024, al que atribuyen seis vulneraciones graves del derecho español y europeo.

A su juicio, la norma introduce un segundo registro en el Registro de la Propiedad, ignora la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y contraviene el artículo 4.3 d) del Reglamento (UE) 2024/1028, que prohíbe duplicar trámites para una misma vivienda. Además, al rechazo jurídico se suma la queja fiscal, puesto que el decreto impone un IVA del 21 % que las entidades consideran discriminatorio frente a otros modelos de alojamiento.

Para frenar su aplicación, miles de correos han llegado a ministerios y portavoces parlamentarios, con la peticion de la suspensión inmediata de un texto que, según los colectivos, favorecerá a fondos de inversión y grandes grupos hoteleros en detrimento de los arrendadores particulares.

Asimismo, desde el sector se señala que, a partir del 1 de julio de 2025, la inscripción registral resultará imprescindible para anunciar el inmueble en plataformas digitales y, el desembolso medio, el cual supondrá más de 3.000 euros en notaría, registro y trámites, expulsará del mercado a nueve de cada diez pequeños titulares, sobre todo en zonas rurales de Canarias, Galicia y el interior peninsular.

Del mismo modo, las asociaciones añaden que los registradores ya emiten calificaciones urbanísticas que corresponden a ayuntamientos y consejerías, lo que genera inseguridad jurídica y resoluciones contradictorias. 

Por su parte, la Comisión Europea respaldó la denuncia de ASCAV en marzo, al considerar que el decreto español impone un doble registro incompatible con el reglamento comunitario.

Con ese aval, los colectivos han interpuesto tres recursos contencioso-administrativos y anuncian que mantendrán la batalla hasta obtener una regulación que respete las competencias autonómicas y el principio de simplificación administrativa.

Como alternativa, proponen una Ventanilla Única Digital que conecte los registros turísticos autonómicos, evite la duplicidad y preserve la diversidad de ingresos que el alquiler vacacional distribuye entre miles de familias. En caso contrario, alertan, el 1 de julio de 2025 marcará la mayor exclusión de pequeños arrendadores de la historia turística española.