La Palma exige medidas urgentes ante los continuos apagones

El Cabildo de La Palma ha exigido una actuación inmediata frente a la alarmante situación del suministro eléctrico en la isla, agravada por un nuevo cero energético ocurrido el martes 10 de junio. A través de una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el presidente insular, Sergio Rodríguez, solicitó la intervención del Estado en las empresas responsables del servicio, denunciando una infraestructura obsoleta que compromete la estabilidad energética y el bienestar ciudadano.

Desde la corporación insular, junto al consejero de Energía, Fernando González, se advierte de una red de generación y distribución envejecida, con la central térmica de Los Guinchos operando con equipos que superan el medio siglo de funcionamiento. A esto se suma una red deficiente, sin refuerzos ni respaldo, y con una implantación de energías renovables que no alcanza el 10 %, muy por debajo de los objetivos nacionales y europeos.

En los últimos 20 años, La Palma ha sufrido al menos siete apagones generales, siendo los más recientes los de mayo y junio de 2025, que dejaron a más de 50.000 usuarios sin luz. Estas interrupciones han paralizado servicios esenciales, afectado a comercios, centros educativos y sanitarios, y han supuesto pérdidas económicas significativas en sectores clave como el turismo, la agroindustria y los servicios.

Además, el Cabildo ha expresado su malestar por la exclusión de La Palma del decreto de emergencia energética aprobado por el Gobierno de Canarias en octubre, a pesar de que otras islas con sistemas también obsoletos sí han sido incluidas. Mientras Lanzarote y Fuerteventura cuentan con interconexiones, y otras como El Hierro o La Gomera han avanzado en soluciones renovables o planes de apoyo, La Palma sigue sin respaldo técnico ni planificación alternativa.

Sergio Rodríguez advierte de que esta situación no solo vulnera derechos básicos de la ciudadanía, sino que contraviene la normativa vigente en materia de sostenibilidad, calidad y seguridad del suministro, al tiempo que frena cualquier posibilidad de desarrollo económico en una isla castigada por la erupción volcánica, la pandemia y el aislamiento territorial.