Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína entre Sudamérica y Canarias mediante embarcaciones de alta velocidad, conocidas como narcolanchas. En la operación, que ha permitido intervenir cerca de 3.800 kilos de droga, han sido detenidas 48 personas y se han practicado 29 registros en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.
La red, que operaba con 11 lanchas rápidas, utilizaba un pecio abandonado como base de repostaje en alta mar y contaba con coordinadores en el archipiélago para distribuir la droga procedente de Colombia y Brasil.
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, ha contado con la colaboración de organismos internacionales como Europol, la DEA estadounidense, la National Crime Agency del Reino Unido, el MAOC-N y autoridades de Francia, Portugal, Colombia, Cabo Verde y Polonia.
En el dispositivo fueron intervenidos 69 vehículos, 19 de ellos embarcaciones y motos acuáticas, seis inmuebles, cuentas bancarias en nueve entidades, tres armas de fuego, material de navegación, geolocalización y telecomunicaciones, así como 100.000 euros en efectivo.
La organización utilizaba el método conocido como go fast, consistente en el traslado de grandes cantidades de estupefaciente a través de lanchas rápidas que zarpaban desde puntos estratégicos del Atlántico. Además, el entramado empleaba comunicaciones encriptadas, teléfonos satelitales y un lenguaje codificado para evitar la detección policial.
Además, los investigadores han identificado un pecio abandonado en el Atlántico que los narcotraficantes usaban como plataforma de repostaje, donde se hallaron garrafas vacías y material logístico utilizado para reabastecer las lanchas en plena travesía.
Esta operación, una de las más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en el entorno atlántico, ha sido cofinanciada por fondos europeos del Fondo de Seguridad Interior (ISF), en el marco de la estrategia de la UE para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos europeos.
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