La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una estafa vinculada a criptomonedas

La Guardia Civil de Gran Canaria ha detenido, en el transcurso de este mes de mayo, a una mujer como presunta autora de un delito de estafa bancaria y falsedad documental. La arrestada, en el marco de la operación “MORGHULIS”, se hacía pasar por representante en la isla de la plataforma digital de contenido multimedia "Creators Alliance", provocando perjuicios económicos a numerosos usuarios.

La investigación se inició en abril, cuando el equipo de Policía Judicial de Las Palmas, tras recibir múltiples denuncias en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario, detectó ciertos patrones en el modo de actuación de los implicados, entre los que figuraban el uso reiterado de determinados números telefónicos y carteras de criptomonedas, donde eran transferidos los importes estafados.

En una primera fase, el Instituto Armado analizó el uso de las líneas telefónicas, así como el funcionamiento de las plataformas en las que operaba la aplicación, a través de los proveedores de servicios que le daban soporte.

Posteriormente, tras examinar toda la documentación recopilada y tomar declaración a las víctimas, se logró ubicar la dirección de una supuesta oficina física. Esta carecía de actividad, debido al colapso de la plataforma, aunque permitió localizar a su responsable, que fue detenida poco después.

Durante las pesquisas, se comprobó que la investigada había establecido una nueva sede en la capital grancanaria, desde donde organizaba eventos con el fin de captar a nuevos usuarios.

En algunas de estas reuniones, que llegaban a congregar a cerca de 900 personas en salones de actos, se invitaba a los asistentes a descargar la aplicación en sus teléfonos móviles y, tras el colapso mundial del sistema, muchos de ellos terminaron sufriendo importantes pérdidas económicas.

La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación para identificar a más personas implicadas en esta red, entre ellas posibles colaboradores vinculados a una sociedad internacional con sede en el Reino Unido, así como a los desarrolladores de la propia aplicación.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de ese partido judicial, ya que todas las víctimas residen en dicho municipio.