Torres afirma que la cárcel tiene todos los papeles

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres, reveló ayer que las obras de la cárcel continuarán adelante porque la SIEP ya tiene todos los documentos para avanzar en la obra, indicando que su posición contraria se debió a una falta de información, la misma que sufren los vecinos, apuntó en declaraciones a Canarias7. Mari Pino Torres reconoció ayer que desconocía gran parte de la documentación sobre la instalación de la cárcel en los terrenos de Juan Grande y que después de entrevistarse con el director general de la Sociedad Estatal de Equipamientos e Infraestructura Penitenciaria (SIEP), Juan José Azcona, y la delegada del Gobierno, Carolina Darias, ha conseguido darse cuenta de que muchas de las reacciones han sido por falta precisamente de esa información. Torres reveló que la instalación del centro penitenciario no es de ahora sino que viene tramitándose desde hace mucho tiempo, "con acuerdos del Consejo de Ministros de los años 2001, 2003 y 2005", apuntó la alcaldesa, indicando que no sólo los ampara la ley "sino que ahora ya cuentan con el suelo para poder desarrollar el proyecto". "Lo tienen todo, y ahí nosotros, como Ayuntamiento, no podemos hacer nada", recalcó. Compensaciones La primera edil tirajanera manifestó que todavía no tiene resuelto pedir compensaciones por la instalación de la cárcel, "porque haré lo que me pidan los vecinos", señaló, "ya que si recibir compensaciones se interpreta como decir sí a la cárcel, entonces no lo haré, aunque perder esa oportunidad no es de recibo", remarcó. Torres aclaró que la SIEP, una vez obtenido el suelo y contando con todos los permisos, no tiene necesidad de esperar por el Plan Especial de Instalaciones Penitenciarias. "Desde el momento en que el Gobierno de Canarias enajena el suelo a favor del Estado y lo califica de uso público, están facultados para actuar, porque cuando dos o más administraciones no se ponen de acuerdo, prevalece la decisión estatal", subrayó. No obstante, recordó que anterior a la enajenación existió una resolución del consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, autorizando el uso de la parcela de Juan Grande, por lo que no le caben dudas de que la SIEP está actuando dentro de la legalidad. "Eso estaba todo apalabrado desde mucho antes, y aquí estábamos los vecinos y el Ayuntamiento en medio y no teníamos información veraz sobre nada de esto", concluyó.