La nueva Ley Canaria de la Ciencia pretende consolidar un modelo de desarrollo sustentado en el conocimiento, con un sistema de investigación, tecnología e innovación más sólido, eficiente y alineado con los objetivos europeos. El documento, ya enviado al Parlamento, reemplaza la normativa en vigor desde 2001 y surge del diálogo con universidades, centros de investigación, compañías tecnológicas y entidades públicas.
Durante su presentación, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que “Canarias no puede depender solo de lo que tiene, sino de lo que sabe”, con énfasis en que esta ley apuesta por la diversificación económica, la generación de empleo y la soberanía a través del saber colectivo.
Entre sus principales disposiciones, la norma prevé una financiación pública constante y viable, con incentivos como el ICIG cero para operaciones relacionadas con la innovación, además de trámites administrativos simplificados y prioridad en la aprobación de proyectos de I+D+i.
Asimismo, incorpora iniciativas para atraer, formar y mantener profesionales cualificados, mediante programas de retorno, medidas de conciliación y regulación de nuevos desafíos como el uso responsable de la inteligencia artificial, así como el fortalecimiento de la cooperación entre el ámbito público y el privado.







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