La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha remitido este lunes una carta abierta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la que solicita una reunión urgente para trasladarle la "preocupación" de miles de familias que dependen de esta actividad económica ante el proyecto de ley que regulará el sector.
En la misiva, Ascav recuerda que el 89 % de las viviendas vacacionales están en manos de pequeños propietarios y señala que esta actividad sostiene miles de empleos y genera un impacto económico estimado en 1.700 millones de euros, con 140 millones en concepto de IGIC.
La asociación considera que el proyecto legislativo que tramita el Parlamento autonómico podría suponer la "desaparición" de este modelo de alojamiento, que —afirma— ha permitido a muchas familias complementar sus ingresos y ha impulsado la creación de tejido empresarial local.
Según Ascav, de las más de 5.000 alegaciones presentadas en la consulta pública del anteproyecto, el 67 % de los ciudadanos se mostró en contra. Además, asegura haber entregado este domingo en el registro del Parlamento 6.000 firmas de ciudadanos particulares y 685 de asociaciones, empresas y colectivos en rechazo a la propuesta.
La entidad lamenta que se pretenda "culpabilizar" al sector de la escasez de vivienda en Canarias, cuando, según afirma, existen más de 211.000 viviendas vacías y una oferta de 30.000 unidades en venta, además de un descenso de la promoción de vivienda pública en los últimos 15 años.
Ascav plantea una serie de propuestas que trasladará en el encuentro solicitado con Clavijo, entre ellas, una moratoria de un año para frenar el efecto llamada del proyecto de ley; consolidación del uso para viviendas ya inscritas en el registro; y que se mantenga la posibilidad de explotación individual en complejos turísticos sin operador único.
También solicita que no se excluya a viviendas situadas en asentamientos agrícolas o fuera de ordenación, la eliminación del concepto de "vivienda unifamiliar aislada" y que se reconozca la diferencia entre pequeños propietarios y grandes tenedores.
"Somos incapaces de concebir que no sea posible un diálogo constructivo, consensuado e integrador que permita velar por el interés de todos los canarios y residentes, también por los que tienen vivienda vacacional", concluye la carta.
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